Historias de una tierra herida

Los alimentos que llegan cada día a nuestra mesa parecen pertenecer al terreno de lo cotidiano. Los compramos, los cocinamos y los consumimos sin detenernos demasiado en los territorios, las decisiones políticas, los procesos industriales y las relaciones económicas que hicieron posible su producción. Sin embargo, detrás de buena parte de lo que comemos existe una cadena extraordinariamente compleja que comienza a miles de kilómetros del consumidor y que conecta semillas, productos químicos, enormes extensiones de tierra cultivada, comunidades rurales, infraestructuras logísticas, mercados financieros, puertos de exportación y decisiones de consumo tomadas en lugares que quizá nunca conozcan los territorios donde todo empezó.

En las últimas décadas, la agricultura mundial ha vivido una transformación de tal magnitud que ya resulta inseparable de nuestra propia forma de vida. La mecanización, los fertilizantes, los fitosanitarios, la mejora genética, la biotecnología y, más recientemente, la agricultura de precisión han multiplicado la capacidad productiva de la tierra. Al mismo tiempo, la producción de alimentos y de materias primas agrícolas se ha integrado en un mercado global en el que una decisión tomada en Europa o en Asia puede alterar el valor de una hectárea en Argentina o en Brasil.

Argentina se convirtió en uno de los grandes escenarios de esa transformación. En 1996, el país autorizó la producción y comercialización de una soja modificada genéticamente para tolerar herbicidas. La combinación de estas semillas con la siembra directa, la mecanización y el control químico de las malezas aceleró un proceso que ya estaba transformando el campo argentino. El cultivo de soja se extendió por millones de hectáreas y acabó convirtiéndose en uno de los pilares de la economía agroexportadora del país.

A su alrededor surgió una estructura de enorme eficiencia. Empresas de semillas y agroquímicos, productores, contratistas agrícolas, fabricantes de maquinaria, silos, plantas de procesamiento, carreteras, ferrocarriles, puertos y grandes exportadoras quedaron conectados dentro de una misma cadena productiva. Lo cosechado en el interior del país podía procesarse a orillas del río Paraná y transformarse finalmente en aceite, biocombustible o harina de soja destinada a alimentar ganado a miles de kilómetros de distancia.

Este modelo generó riqueza, tecnología, capacidad exportadora e ingresos que resultaron decisivos para la economía argentina. Permitió cultivar superficies cada vez mayores con menos mano de obra y situó al país entre los grandes actores de los mercados agrícolas internacionales. Tres décadas después de la llegada de la soja transgénica a Argentina, la biotecnología sigue siendo parte integral del desarrollo agrícola del país, y nuevas variedades modificadas genéticamente continúan incorporándose al sistema productivo.

Pero una transformación de esta magnitud cambia mucho más que la productividad. A medida que aumentaba el valor de la tierra y avanzaba la frontera agrícola, grandes superficies dedicadas antes a otros cultivos, a la ganadería, al bosque nativo o a la agricultura familiar fueron absorbidas por un sistema productivo cada vez más especializado. En algunas regiones, la propiedad de la tierra se concentró, mientras las comunidades campesinas e indígenas sufrían una presión creciente sobre territorios cuyos derechos no siempre estaban reconocidos formalmente.

El paisaje empezó a cambiar. Donde antes había bosques, pequeñas explotaciones y distintas formas de uso de la tierra, comenzaron a aparecer vastas superficies homogéneas. Las carreteras y las infraestructuras siguieron el avance de la producción agrícola. El campo dejó de responder únicamente a las necesidades de quienes lo habitaban y pasó a formar parte de una geografía mucho más amplia, moldeada por los precios internacionales, las cosechas, la demanda industrial y el apetito global por las materias primas agrícolas.

En algunas provincias, esa transformación llegó hasta la puerta misma de las casas. Los cultivos avanzaron hacia pueblos, escuelas, caminos y comunidades rurales. La fumigación dejó de ser una labor agrícola lejana y se convirtió en parte de la vida diaria de muchos de quienes vivían junto a los campos. Avionetas, tractores y máquinas pulverizadoras podían operar cerca de zonas habitadas, trazando una frontera difícil entre dos derechos igualmente esenciales: el derecho a producir y el derecho a vivir.

Fue allí donde empezó a aflorar uno de los conflictos más complejos asociados al nuevo modelo agrícola. En Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y otras regiones de Argentina, familias y comunidades comenzaron a relacionar determinadas enfermedades con las fumigaciones, con la contaminación del agua o con las condiciones ambientales que rodeaban sus hogares. Se denunciaron problemas respiratorios, afecciones de la piel, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y distintos tipos de cáncer. Médicos rurales, investigadores y organizaciones comunitarias reclamaron estudios epidemiológicos, controles más estrictos y mayores distancias de seguridad entre las fumigaciones y las zonas habitadas.

Escuchar esos testimonios es imprescindible. Convertirlos automáticamente en una explicación científica es otra cosa. La coincidencia entre una enfermedad y una posible exposición no demuestra por sí sola una relación de causalidad. Determinar qué causó una enfermedad concreta exige conocer las sustancias implicadas, las dosis, las vías y la duración de la exposición, los antecedentes médicos de cada persona y numerosos factores ambientales y biológicos. La epidemiología necesita poblaciones suficientemente amplias, datos fiables y comparaciones capaces de distinguir una relación real de una coincidencia.

Ahí reside precisamente una de las mayores dificultades del debate. Para una familia que vive junto a un campo y que ha visto repetirse enfermedades similares en su comunidad, esperar años a que llegue la certeza científica puede resultar incomprensible. Para un productor, que se atribuya una enfermedad a la actividad agrícola sin pruebas suficientes puede convertir la sospecha en acusación. Y las instituciones afrontan una responsabilidad aún más difícil: proteger a la población sin transformar una hipótesis en certeza y, al mismo tiempo, sin utilizar la ausencia de certeza absoluta como excusa para no actuar.

El glifosato se convirtió en el símbolo mundial de ese debate. Su uso se expandió enormemente junto a los sistemas agrícolas basados en cultivos tolerantes a herbicidas, aunque el glifosato no se utiliza exclusivamente con cultivos transgénicos ni toda la biotecnología agrícola depende de una única sustancia. Durante décadas fue una herramienta esencial para muchos productores por su eficacia en el control de malezas y su compatibilidad con la siembra directa.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Otras agencias científicas y reguladoras han llegado a conclusiones distintas al evaluar los riesgos asociados a sus usos autorizados y a niveles concretos de exposición. Esta aparente contradicción ha marcado buena parte del debate público, aunque en parte refleja dos conceptos que no son equivalentes: peligro y riesgo.

Una sustancia puede tener la capacidad de causar daño en determinadas circunstancias sin que eso determine automáticamente la probabilidad de que lo haga en cualquier condición de exposición. El riesgo depende también de cuánta exposición se produce, de cómo, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Esa distinción es esencial para entender el debate científico, pero no resuelve por sí sola lo que ocurre sobre el terreno.

Las condiciones reales de aplicación no siempre se corresponden con las condiciones ideales que contempla una evaluación. Puede que los trabajadores carezcan del equipo de protección adecuado; que se cometan errores de dosificación; que el viento arrastre la pulverización más allá de la zona prevista; que no se respeten las distancias de seguridad; que haya cursos de agua cercanos o que las viviendas se levanten justo al lado de los campos cultivados. La cuestión deja entonces de ser únicamente si una sustancia ha sido autorizada y pasa a ser cómo se utiliza, quién controla su aplicación y qué capacidad tienen las comunidades del entorno para exigir que se cumpla la normativa.

La tecnología agrícola no existe al margen de las condiciones sociales en las que se aplica. Algo parecido ocurrió con Monsanto. Durante años, la compañía se convirtió en el símbolo de la agricultura transgénica y, para muchos de sus críticos, en la encarnación de un sistema industrial capaz de ejercer control sobre las semillas, los productos químicos y buena parte de la cadena de suministro agrícola. Su poder tecnológico y comercial despertó una profunda desconfianza, mientras la industria defendía la necesidad de aumentar la productividad, reducir pérdidas y desarrollar cultivos capaces de responder a una población creciente y a condiciones ambientales cada vez más difíciles.

Pero hacer de Monsanto la explicación de todo lo que ocurrió en el campo argentino sería tan sencillo como insuficiente. Ninguna empresa creó por sí sola este modelo agrícola. Los gobiernos fijaron las reglas; los productores adoptaron nuevas tecnologías; los inversores financiaron la expansión; empresas nacionales y multinacionales, exportadores, fabricantes de maquinaria e instituciones financieras participaron en su desarrollo, y la demanda internacional exigía cantidades cada vez mayores de soja y de sus derivados. Millones de consumidores que nunca habían visto un campo de soja argentino participaron también de forma indirecta, a través de pautas de consumo que contribuyeron a determinar qué era rentable cultivar.

El problema de fondo nunca fue simplemente Monsanto ni los organismos modificados genéticamente. Era, y sigue siendo, la concentración de las decisiones dentro de un sistema alimentario cada vez más globalizado y la distancia creciente entre quienes producen, quienes viven las consecuencias territoriales de la producción y quienes, al final, consumen sus productos. En las explotaciones más avanzadas tecnológicamente, la agricultura contemporánea puede alcanzar niveles extraordinarios de precisión. Maquinaria guiada por satélite, datos meteorológicos, genética seleccionada, sensores, información sobre el suelo y sistemas capaces de ajustar el uso de semillas, fertilizantes y fitosanitarios permiten gestionar miles de hectáreas con una eficiencia que habría sido inimaginable hace apenas unas generaciones.

A pocos kilómetros de distancia, puede haber comunidades que luchan por conseguir un acceso fiable al agua potable, una atención sanitaria adecuada o la influencia política necesaria para participar en las decisiones que están transformando el territorio que las rodea. Ambas realidades pertenecen al mismo campo. No existe una oposición simple entre modernidad y atraso, entre productores y comunidades rurales, o entre ciencia y naturaleza. La tecnología ha permitido producir más, reducir determinadas pérdidas y sostener economías enteras. También puede generar nuevas formas de dependencia, favorecer la concentración económica y trasladar parte de sus costes a personas y territorios con menos capacidad para defender sus intereses. La tierra se convierte entonces en algo más que una superficie productiva. Para una empresa agrícola puede representar hectáreas, rendimientos, costes y capacidad de inversión. Para una comunidad campesina o indígena, esa misma tierra puede significar a la vez hogar, memoria, sustento y pertenencia. Ninguna de las dos realidades desaparece porque exista la otra. El conflicto comienza cuando el valor económico que adquiere un territorio otorga a una de ellas un poder muy superior para decidir su futuro.

Esa tensión resulta especialmente visible en el norte de Argentina y en algunas de las grandes regiones agrícolas de Brasil. La expansión de la agricultura y la ganadería ha transformado bosques, sabanas y territorios rurales a una escala inmensa. El Gran Chaco, uno de los grandes ecosistemas forestales de Sudamérica, sigue sometido a la presión de los cambios en el uso del suelo. En Brasil, estados como Mato Grosso se han convertido a la vez en símbolos del poderío agrícola del país y en escenarios centrales del debate sobre hasta dónde puede avanzar la frontera agrícola sin comprometer ecosistemas fundamentales.

La deforestación no tiene una única causa. La ganadería, la agricultura, la tala, las infraestructuras, los incendios y otras actividades interactúan de manera distinta en cada territorio. Reducir esta transformación exclusivamente a la producción de soja volvería a simplificar un proceso mucho más complejo. Pero tampoco puede ignorarse el papel de la demanda internacional de materias primas agrícolas en la reorganización de vastas zonas de Sudamérica.

El paisaje acaba registrando esas decisiones. Los bosques se fragmentan. Aparecen líneas rectas donde antes había límites naturales. Enormes campos sustituyen mosaicos de vegetación y explotaciones agrícolas más pequeñas. Nuevas carreteras permiten sacar las cosechas del campo y, al mismo tiempo, abren el acceso a territorios antes aislados. Lo que desde un solo campo puede parecer una transformación limitada adquiere una escala completamente distinta cuando se contempla a nivel regional.

Pero para comprender de verdad este sistema hay que seguir la cosecha más allá de los campos. En Argentina, millones de toneladas de soja atraviesan el país hacia plantas de procesamiento y terminales portuarias. El complejo agroindustrial en torno a Rosario y al río Paraná conecta las grandes regiones productoras del interior con los mercados internacionales. Allí, el territorio agrícola se convierte en infraestructura industrial: silos, fábricas, cintas transportadoras, almacenes y buques capaces de llevar la producción al otro lado del mundo. La cadena que empezó con una semilla termina perdiendo cualquier apariencia de lo local. La soja puede convertirse en aceite o en harina para piensos. Esa harina puede viajar hasta una granja de Europa o de Asia. Un animal criado con ella puede llegar finalmente a un supermercado a miles de kilómetros del campo donde se cultivó. El consumidor que compra esa carne probablemente nunca sabrá qué país produjo la soja, con qué sistema agrícola se cultivó ni qué transformación de la tierra estuvo asociada a su producción.

Esa distancia es uno de los rasgos que definen el sistema alimentario global contemporáneo. Durante buena parte de la historia humana, producir y consumir alimentos fueron actividades geográficamente cercanas. Hoy pueden estar separadas por continentes y por una cadena de intermediarios tan compleja que la responsabilidad acaba fragmentándose. Los productores responden a precios y condiciones que no controlan. Las empresas responden a sus accionistas y a la demanda del mercado. Los gobiernos necesitan exportaciones y empleo. Los consumidores buscan alimentos asequibles y siempre disponibles. Cada participante puede encontrar una explicación racional para sus decisiones individuales, mientras las consecuencias acumuladas del sistema aparecen en otro lugar.

Y, sin embargo, alimentar a una población mundial de miles de millones de personas exige producir alimentos a una escala enorme. No existe una forma de agricultura anterior e ideal, libre de consecuencias, a la que la humanidad pueda simplemente regresar. Producir alimentos siempre ha transformado la naturaleza. La propia agricultura nació de esa transformación. Durante miles de años ha sustituido ecosistemas, consumido agua, modificado especies y reorganizado territorios. Lo que distingue al momento actual es la escala y la velocidad con que somos capaces de hacerlo.

El desafío tampoco consiste en rechazar la ciencia o la biotecnología agrícola. Un mundo que se enfrenta al cambio climático, a la degradación de los suelos, a la escasez de agua y a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos probablemente necesitará más conocimiento y más tecnología, no menos. Cultivos resistentes a la sequía o a las enfermedades, agricultura de precisión, mejora genética, nuevos sistemas de riego y métodos capaces de utilizar con más eficiencia fertilizantes y fitosanitarios pueden formar parte de las soluciones que harán falta.

Pero una mayor eficiencia agrícola no responde automáticamente a todas las demás preguntas. Producir más no determina cómo se reparte la riqueza. Que una tecnología sea segura en condiciones concretas no garantiza que esas condiciones se respeten siempre. Que una exportación beneficie a la economía nacional no asegura que la comunidad que vive junto al lugar de producción reciba una parte proporcional de esos beneficios. Y que una transformación sea legal no significa necesariamente que se hayan previsto todas sus consecuencias.

Más de tres décadas después de la llegada de la soja transgénica a Argentina, estas preguntas siguen sin resolverse. El agronegocio continúa siendo uno de los motores de la economía del país, mientras la biotecnología agrícola avanza hacia nuevas generaciones de cultivos. Al mismo tiempo, la deforestación, la degradación de los suelos, el uso de fitosanitarios, los conflictos por la tierra y la protección de las comunidades rurales siguen formando parte del debate sobre el futuro de la agricultura. Esta discusión tampoco pertenece solo a Argentina o a Brasil. Lo que ocurre allí forma parte de una transformación global de nuestra relación con los alimentos. Europa sigue debatiendo cómo reducir el uso de plaguicidas sin comprometer la productividad. El cambio climático está alterando los ciclos de cultivo y la disponibilidad de agua. La guerra, las crisis energéticas y las alteraciones del comercio mundial han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas internacionales de suministro de alimentos. La investigación genética sigue avanzando mientras las sociedades continúan debatiendo dónde deben situarse sus límites.

Bajo todo ello permanece una pregunta mucho más antigua que cualquiera de estas tecnologías: ¿qué relación queremos tener con la tierra que nos alimenta? Responderla exige abandonar las certezas cómodas. No todos los productores pertenecen a una industria indiferente a sus consecuencias. No todas las empresas son responsables de todos los daños que se atribuyen al sistema. No toda denuncia demuestra una relación de causalidad. Pero tampoco toda actividad autorizada está libre de consecuencias, ni puede considerarse progreso cualquier aumento de la productividad cuando sus costes quedan fuera de los cálculos con los que lo medimos.

Es aquí donde debemos preguntarnos quién decide qué se cultiva y cómo se produce, quién recibe los beneficios, quién asume los riesgos y qué ocurre cuando los costes aparecen lejos de quienes toman las decisiones. También exige reconocer que los consumidores no estamos del todo fuera de esta ecuación. Nuestra demanda de carne, energía, aceite, alimentos baratos y disponibilidad permanente contribuye a dar forma a un sistema cuya escala puede resultar después difícil de comprender. Por eso, la cuestión no puede reducirse a elegir entre agricultura y medio ambiente, tecnología y naturaleza, productores y consumidores, o desarrollo y conservación. La verdadera pregunta es si somos capaces de construir un modelo en el que estas realidades dejen de tratarse como incompatibles.

Producir alimentos suficientes seguirá siendo una de las grandes responsabilidades de nuestro tiempo. Hacerlo sin trasladar una parte desproporcionada de su coste a quienes menos pueden evitarlo será otra. Entre esas dos responsabilidades se extiende una tierra profundamente transformada por nuestra necesidad de alimentarnos y por nuestra capacidad de producir a una escala que ninguna generación anterior pudo imaginar. Una tierra que genera riqueza y sostiene millones de vidas, pero que también lleva las cicatrices de las decisiones que se tomaron sobre ella. Comprender esas cicatrices no exige decidir de antemano quién tiene razón y quién no. Exige algo más difícil: mirar el sistema en su conjunto y preguntarnos qué precio estamos dispuestos a pagar por la forma en que producimos los alimentos que sostienen nuestras vidas, y qué parte de ese precio estamos pidiendo que paguen otros.