Memoria
La guerra civil colombiana: memoria, territorio y violencia en Colombia
Memoria, territorio y violencia: un relato fragmentado moldeado por el miedo, el desplazamiento y la resistencia
Colombia — noviembre de 2007
Judith e Isa, dos combatientes del Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC, fotografiadas en un campamento temporal en lo profundo de la selva del sur de Colombia. Las dos entraron en la guerrilla siendo adolescentes; Judith carga un radio, Isa un fusil Galil arrebatado al Ejército.
El territorio colombiano no puede entenderse como un espacio continuo o unificado. Durante décadas, el territorio se ha fragmentado en zonas que rara vez aparecen en los mapas pero que determinan la vida de quienes las habitan. Estas divisiones no están marcadas por carreteras, ríos o fronteras administrativas, sino por el control. Líneas invisibles trazadas por la violencia, sostenidas en el tiempo y reconocidas por quienes viven dentro de ellas. En Colombia, el territorio no es solo geografía. Es una condición.
En amplias zonas del país, el Estado ha tenido una presencia intermitente: a veces visible, con frecuencia ausente y, en muchos lugares, sustituido. En su ausencia, distintos actores armados han ocupado el territorio, imponiendo sistemas de control que regulan la vida cotidiana. Guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas estatales han moldeado, cada uno en distintos momentos, estos territorios según sus intereses, creando capas superpuestas de autoridad. No son alteraciones pasajeras. Son estructuras que han perdurado durante décadas y que definen el conjunto del conflicto armado colombiano.
La consecuencia es un país compuesto por múltiples territorios que existen de manera simultánea, cada uno definido por su propia lógica de conflicto. En su interior, la violencia no es un hecho aislado sino una fuerza constante que moldea el comportamiento, las relaciones y la percepción. El territorio se convierte en algo que se vive a través de la restricción. El movimiento se negocia. La palabra se mide. La presencia es condicional en un contexto marcado por la guerra civil colombiana.
Guanwí, Colombia — mayo de 2009
Miembros de la Guardia Indígena eperara siapidara realizan ejercicios al amanecer junto al río Saija, en el departamento pacífico del Cauca, antes de comenzar su vigilancia diaria del territorio.
Caquetá, Colombia — noviembre de 2013
Una mujer tiende la ropa en el patio de su casa de madera en Santo Domingo, un caserío a orillas del río Caguán, en el corazón histórico del Bloque Sur de las FARC.
En este contexto, la memoria no es un relato compartido. Está fragmentada.
Cada actor del conflicto ha construido su propia versión de los hechos, su propia explicación de la violencia, su propia justificación. Estos relatos han existido en paralelo durante más de medio siglo, cruzándose pocas veces y excluyéndose con frecuencia. La memoria, en lugar de unir, divide. Se convierte en otro campo de batalla.
Esta fragmentación de la memoria no es accidental. Está reforzada por el miedo.
El miedo actúa en silencio, pero de forma constante. Define lo que puede decirse y lo que debe permanecer callado. Moldea el testimonio antes incluso de que se exprese. En muchas partes de Colombia, recordar en público equivale a tomar partido, y tomar partido implica el riesgo de convertirse en objetivo. El silencio, en este contexto, no es ausencia. Es una estrategia forjada por la violencia sostenida en Colombia.
El Guamo, Colombia — marzo de 2016
Un niño en la puerta de su casa, junto a un mural de Guillermo León Sáenz, alias «Alfonso Cano», ideólogo y último comandante en jefe de las FARC, abatido por el Ejército colombiano en noviembre de 2011 en la región del Cauca y el Tolima.
Riosucio, Colombia — julio de 2007
Familias afrocolombianas a orillas de la cuenca del Atrato, en torno a Riosucio (Chocó), una de las regiones donde el solapamiento de las FARC, el ELN y los paramilitares de las AUC produjo las tasas más altas de desplazamiento forzado del conflicto armado colombiano.
Caquetá, Colombia — noviembre de 2013
Un grupo de hombres juega al billar en un bar de madera de Santo Domingo, un pueblo cocalero del río Caguán donde el Bloque Sur de las FARC —y en concreto el Frente 14— impuso durante décadas su propio código legal y económico.
«Si uno no habla, si no escribe, y si no cuenta lo que pasó, se olvida. Todo termina sepultado por el miedo. La gente que vio los cuerpos empieza a olvidar y tiene miedo de hablar. Durante años hemos vivido en un pacto de silencio en el que nadie habla de lo que sucedió. Y como nadie habla de ello, es como si nunca hubiera pasado. Así que seguimos viviendo como si todo fuera normal.»
Este testimonio, recogido en la región de Trujillo, refleja una realidad más amplia. No es una voz aislada, sino parte de un patrón que se repite en distintos territorios. Un testimonio que revela cómo el miedo moldea la memoria y cómo el silencio se incrusta en la vida cotidiana.
Caquetá, Colombia — noviembre de 2013
Unos cocaleros trabajan en un cultivo de coca en Santa Elena, un caserío de la zona rural de San Vicente del Caguán. Cada planta da entre tres y cuatro cosechas al año y sigue siendo, para miles de familias del Caquetá, el único cultivo que se puede vender sin carreteras, sin refrigeración y sin intermediarios.
Caquetá, Colombia — noviembre de 2013
Hojas de coca recién recogidas se secan sobre una lona negra en un claro de Santa Elena (Caquetá). Una vez secas, las hojas se maceran con cemento, gasolina y ácido sulfúrico en laboratorios rudimentarios de la selva para obtener pasta de coca, el primer eslabón de la cadena de la cocaína.
Caquetá, Colombia — noviembre de 2013
Dentro de un laboratorio rudimentario en la selva de Santa Elena, unos cocaleros transforman las hojas secas de coca en pasta base, el producto intermedio que los grupos armados compran por kilos antes de que viaje a los laboratorios de cristalización, más abajo en la cadena.
Durante más de sesenta años, Colombia ha vivido un conflicto armado en el que participan el Estado, grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y, cada vez más, redes criminales ligadas al narcotráfico. Este conflicto armado colombiano constituye la columna vertebral histórica de la guerra civil colombiana y sigue moldeando el país. Cada actor ha buscado el control del territorio como objetivo estratégico y como medio de supervivencia. En este proceso, la violencia se ha convertido en el lenguaje central del conflicto.
La población civil no ha permanecido al margen de esta dinámica. Al contrario, ha sido situada en su centro.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, aproximadamente 220.000 personas han muerto a causa del conflicto. Más de 60.000 han sido desaparecidas forzosamente. Más de seis millones han sido desplazadas de sus hogares. Estas cifras dan una escala, pero no un sentido. No transmiten la textura de la experiencia vivida, ni la profundidad de la ruptura inscrita en cada vida.
Sin embargo, una cifra clarifica la estructura de la violencia: más del 80% de las personas asesinadas eran civiles.
Esto no es incidental. Refleja una estrategia deliberada. La violencia se ha utilizado no solo para enfrentar a oponentes armados, sino para controlar a las poblaciones, reconfigurar el territorio e imponer autoridad. Los civiles han sido objetivo de esa estrategia. Su desplazamiento, su silencio y su miedo han resultado funcionales al conflicto y a la persistencia de la violencia en Colombia.
Colombia — noviembre de 2007
Un traficante local muestra un ladrillo de cocaína cristalizada, listo para su transporte. Cada kilo representa el final de una cadena que empieza en cultivos de coca como los del Caquetá o el Putumayo y que pasa por pistas clandestinas, puertos fluviales del Pacífico y submarinos construidos en los manglares de Nariño.
Tumaco, Colombia — julio de 2009
El cuerpo de María Pascual reposa en el pequeño cementerio de La Guayacana, en la carretera entre Tumaco y Pasto. Estaba embarazada de ocho meses cuando le dispararon en su propia casa; ningún grupo armado reivindicó el crimen y ninguna investigación llegó a completarse.
Caquetá, Colombia — noviembre de 2013
Dos niños observan el velorio de Benjamín, de dieciocho años, muerto en un enfrentamiento con guerrilleros de las FARC en la zona rural de La Unión Peneya (Caquetá).
Caquetá, Colombia — noviembre de 2013
Familiares y vecinos se reúnen alrededor del ataúd de Benjamín durante su funeral en La Unión Peneya, un pueblo del piedemonte andino que perdió a más de treinta habitantes —combatientes y civiles— en una sola década del conflicto armado colombiano.
Durante la década de los noventa, esta dinámica se intensificó. Los grupos guerrilleros ampliaron su definición de objetivos militares para incluir a representantes del Estado, desde funcionarios locales hasta candidatos políticos. Los grupos paramilitares, por su parte, desarrollaron campañas sistemáticas orientadas a eliminar a quienes sospechaban de colaborar con la insurgencia. Estas acusaciones eran a menudo arbitrarias. La sola sospecha podía derivar en una ejecución.
El territorio se volvió cada vez más inestable. Las zonas urbanas no quedaron exentas. Ataques con explosivos, incluido el uso de artefactos improvisados como los llamados cilindros bomba, se dirigieron contra infraestructuras e instituciones públicas. Estaciones de policía, alcaldías y espacios civiles fueron atacados de forma reiterada. El propósito iba más allá de la destrucción inmediata. Estos actos buscaban desestabilizar, generar miedo y demostrar control dentro de la guerra civil colombiana.
El Guamo, Colombia — marzo de 2016
Figuras religiosas comparten pared con Pedro Antonio Marín, alias «Manuel Marulanda Vélez» o «Tirofijo», fundador de las FARC, en un mural pintado en El Guamo meses antes de la firma del acuerdo de paz de La Habana.
Chocó, Colombia — noviembre de 2004
Un hombre embera katío junto al río Atrato, en una comunidad de indígenas desplazados del bajo Chocó. Su familia huyó tras las amenazas de uno de los bloques paramilitares de las AUC que operaban en el corredor del Pacífico.
Pulbusa, Colombia — mayo de 2009
Familias desplazadas se agrupan a orillas del río Tapaje tras huir de los combates entre el Frente 29 de las FARC y las Águilas Negras, uno de los grupos sucesores de los paramilitares de las AUC, en la zona rural de El Charco (Nariño).
Pulbusa, Colombia — mayo de 2009
Familias desplazadas esperan en refugios precarios de madera junto al río Tapaje, semanas después de huir de su caserío bajo la amenaza de quedar atrapadas entre las FARC y las llamadas bandas criminales, la etiqueta oficial que el Estado dio a las estructuras rearmadas de los paramilitares de las AUC tras su desmovilización formal.
En muchos casos, estos ataques provocaron la retirada de la presencia estatal. A medida que la policía y las instituciones administrativas se replegaban, los grupos armados ocupaban el vacío. El territorio se reconfiguró no mediante procesos formales, sino mediante la fuerza. La violencia estableció nuevas fronteras.
La masacre de Bojayá, el 2 de mayo de 2002, sigue siendo uno de los ejemplos más emblemáticos de esta realidad. Durante un enfrentamiento entre fuerzas guerrilleras y paramilitares, un cilindro bomba lanzado por las FARC impactó contra una iglesia donde cientos de civiles habían buscado refugio. La explosión causó la muerte de 98 personas, entre ellas 48 niños.
El hecho suele describirse a través de cifras, pero su impacto es espacial y simbólico. Un lugar de protección se convirtió en un escenario de destrucción. El territorio, en ese instante, dejó de ofrecer refugio. Se convirtió en una extensión del conflicto.
Bojayá no es una excepción. Es una concentración.
Nariño, Colombia — julio de 2009
Dos cruces de madera al borde de una carretera rural de Nariño señalan el lugar donde dos campesinos fueron ejecutados durante una disputa entre estructuras sucesoras de los paramilitares de las AUC —los llamados Rastrojos y Águilas Negras— por el control de una ruta de tráfico de coca hacia el Pacífico.
Tolima, Colombia — mayo de 2011
Soldados de una brigada móvil del Ejército colombiano se desplazan por las montañas del sur del Tolima, una región históricamente controlada por los frentes 21 y 66 de las FARC y una de las áreas de operación del Plan Consolidación, la política de seguridad que sucedió al Plan Colombia.
Tolima, Colombia — mayo de 2011
Las tropas continúan sus operaciones por el piedemonte rural del Tolima, en la zona de influencia del Comando Conjunto Central de las FARC. El Ejército sólo recuperó el control efectivo de estos municipios tras una década de presión sostenida, con el apoyo de la ayuda estadounidense del Plan Colombia.
Entre 1980 y 2002 se documentaron cerca de dos mil masacres en toda Colombia. La mayoría fueron perpetradas por grupos paramilitares, aunque también fueron responsables organizaciones guerrilleras y fuerzas estatales. Estas masacres no fueron aleatorias. Siguieron patrones. Se dirigieron contra comunidades específicas, a menudo en zonas de importancia estratégica.
La violencia en estos contextos fue más allá del asesinato. Incluyó tortura, mutilación y la destrucción de viviendas y espacios comunitarios. Estos actos estaban diseñados para producir miedo, desmantelar estructuras sociales y forzar el desplazamiento.
El desplazamiento ha sido una de las consecuencias más persistentes del conflicto.
Más de seis millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Esta cifra representa una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo. El desplazamiento no es simplemente un movimiento. Es una ruptura. Es la pérdida del territorio, la interrupción de la memoria y la disgregación de la comunidad.
Colombia — noviembre de 2007
Una columna del Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC patrulla por la selva espesa del sur del país. La unidad funcionaba como una fuerza de choque móvil, capaz de desplazarse durante semanas entre Tolima, Huila y Caquetá sin usar ninguna carretera.
Colombia — noviembre de 2007
Una combatiente de las FARC hace guardia dentro de un campamento en el bosque. Su función rota cada seis horas: cocinar, vigilar el perímetro, atender a los heridos, transportar suministros entre campamentos.
Huila, Colombia — mayo de 2011
Soldados de la Brigada Móvil 12 ven un partido de fútbol durante un descanso de las operaciones contraguerrilleras en la zona rural del Huila, un área donde el Bloque Sur de las FARC mantuvo presencia activa al menos hasta 2012.
Huila, Colombia — mayo de 2011
Una reina de belleza local desfila ante una fila de soldados durante una fiesta de pueblo en la zona rural del Huila, organizada conjuntamente por la alcaldía y el Ejército como parte de las llamadas acciones cívico-militares.
El territorio, antes vivido y conocido, se vuelve inaccesible. La memoria, ligada a ese territorio, se vuelve inestable.
El desplazamiento no es únicamente un subproducto del enfrentamiento armado. También está vinculado a intereses económicos. El control de la tierra ha sido central en el conflicto. Los actores armados han utilizado la violencia para expulsar a poblaciones de zonas de valor estratégico, incluidas regiones aptas para la agricultura, la minería y la producción de droga.
El narcotráfico ha desempeñado un papel significativo en la configuración de estas dinámicas.
Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Solo en 2016 se produjeron cerca de 866 toneladas. El cultivo de coca cubría más de 146.000 hectáreas. Estas cifras no son abstractas. Reflejan un sistema arraigado en el territorio.
Para muchas familias rurales, el cultivo de coca no es una elección delictiva, sino una necesidad económica. Hogares enteros participan en su producción, desde la recolección de las hojas hasta el procesamiento de la pasta. El ingreso que ofrece suele superar al de las alternativas legales. En regiones donde el apoyo estatal es mínimo, la coca se convierte en una forma de supervivencia.
Tolima, Colombia — mayo de 2011
Soldados de una brigada móvil custodian a miembros capturados del Frente 21 de las FARC tras una operación en la zona rural de Chaparral (Tolima). Dos de los detenidos son menores de edad, reclutados siendo adolescentes en la misma región donde fueron capturados.
Chocó, Colombia — 2005
Un campamento de la policía antiguerrilla en Bellavista, el pueblo ribereño de Bojayá (Chocó) donde, el 2 de mayo de 2002, un cilindro lanzado por las FARC durante un combate con los paramilitares de las AUC impactó en la iglesia y mató al menos a 79 civiles —en su mayoría mujeres y niños— que se habían refugiado dentro.
Caquetá, Colombia — marzo de 2016
Una comunidad celebra una velatón por los desaparecidos en un pueblo rural del Caquetá, semanas antes de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, en noviembre de 2016.
Esto genera una paradoja. Los esfuerzos por reducir el cultivo de coca, incluidos los programas de sustitución introducidos tras los acuerdos de paz, buscan transformar estas economías. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual. En algunos casos, la promesa de subsidios ha alentado, sin quererlo, un aumento del cultivo, reforzando el ciclo.
El conflicto se adapta.
La violencia también atraviesa la infancia.
Entre 1999 y 2015, más de 5.700 menores fueron desmovilizados de grupos armados y acogidos por programas estatales. La mayoría había sido reclutada por las FARC, aunque también estuvieron implicadas organizaciones paramilitares y criminales. El reclutamiento suele producirse en contextos de pobreza, abandono y oportunidades limitadas.
Para estos niños, el territorio queda definido por el conflicto desde una edad temprana. Su memoria se forma dentro de estructuras de violencia. El testimonio, cuando surge, revela no solo la experiencia individual, sino la profundidad de la ruptura social.
Medellín, Colombia — noviembre de 2011
Soldados patrullan las laderas de la Comuna 13 de Medellín, el barrio de ladera que en octubre de 2002 fue escenario de la Operación Orión, la mayor operación militar urbana del conflicto armado colombiano, ordenada por el gobierno de Álvaro Uribe para expulsar a las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los CAP.
Antioquia, Colombia — febrero de 2015
Un mural hecho con fotografías de personas desaparecidas en un pueblo rural del oriente antioqueño, una de las regiones más afectadas por la acción conjunta de las FARC, los paramilitares de las AUC y los «falsos positivos» ejecutados por unidades del Ejército entre 2002 y 2008.
Medellín, Colombia — marzo de 2015
Un equipo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal examina restos sin identificar en su laboratorio de Medellín. Cada cuerpo se fotografía, se mide y se analiza en busca de indicios —registros dentales, fracturas consolidadas, objetos personales— que permitan devolverlo a una familia.
Medellín, Colombia — marzo de 2015
Cajas de cartón con restos humanos sin identificar se alinean en las estanterías de un laboratorio de Medicina Legal en Medellín. Cada caja corresponde a una víctima del conflicto armado colombiano cuyo cuerpo fue recuperado —de una fosa común, del lecho de un río, de un basurero— pero cuyo nombre aún no ha sido restituido.
La responsabilidad dentro del conflicto se reparte entre todos los actores.
Las fuerzas del Estado, encargadas de la protección, también se han visto implicadas en violaciones graves. La práctica conocida como «falsos positivos», en la que civiles fueron asesinados y presentados como combatientes, lo ilustra. Entre 2002 y 2008 se denunciaron miles de casos de este tipo.
Las investigaciones sugieren que no se trató de incidentes aislados, sino de parte de patrones más amplios ligados a la presión institucional por demostrar resultados en operaciones de combate. A pesar de ello, la rendición de cuentas ha sido limitada. Muchos casos permanecen sin resolver.
La impunidad persiste.
La impunidad no es pasiva. Moldea el presente. Refuerza el miedo. Debilita la confianza en las instituciones y complica la reconstrucción de la memoria. Cuando falta la justicia, la violencia se prolonga más allá del momento en que ocurre.
Antioquia, Colombia — febrero de 2015
Una madre sostiene las fotografías de sus dos hijos, uno asesinado y otro desaparecido en episodios distintos del conflicto armado colombiano en el oriente antioqueño, una región donde los paramilitares de las AUC, las FARC y unidades del Ejército operaron casi simultáneamente entre 1997 y 2005.
La desaparición forzada representa otra dimensión de esta violencia.
Decenas de miles de personas han desaparecido durante el conflicto. La ausencia de un cuerpo, de información, de un cierre, produce un tipo de sufrimiento distinto. Las familias quedan en un duelo suspendido. La búsqueda de los desaparecidos se convierte en un proceso de largo plazo, a menudo obstaculizado por la falta de recursos, las barreras institucionales y las amenazas.
En este contexto, el testimonio se convierte en un acto de resistencia.
Hablar, insistir, buscar, es desafiar el silencio. Es enfrentar el miedo. Es intentar restaurar la memoria allí donde ha sido borrada.
Antioquia, Colombia — febrero de 2015
El dormitorio de una joven desaparecida en el oriente antioqueño permanece intacto diez años después de que se la viera por última vez. Su ropa, sus libros de texto y sus pósteres de música siguen en el mismo lugar donde ella los dejó.
En toda Colombia, estas dinámicas no se limitan a regiones concretas. Están extendidas. Se han registrado casos de violencia en la mayoría de los municipios. El conflicto no es localizado. Es estructural dentro del conjunto de la guerra civil colombiana.
Antioquia, Colombia — febrero de 2015
Una madre llora durante la vigilia semanal de las Madres de la Candelaria, la asociación de familiares de desaparecidos que se reúne cada viernes en el centro de Medellín desde 1999 para leer en voz alta los nombres de sus hijos, hijas y maridos desaparecidos.
Los acuerdos de paz firmados en 2016 marcaron un momento significativo. Abrieron la posibilidad de una transformación. Sin embargo, no resolvieron todas las tensiones. En algunas zonas, la salida de las FARC generó vacíos de poder. Otros actores armados ocuparon ese espacio. La configuración del territorio cambió, pero el conflicto no desapareció.
La violencia continúa, a menudo bajo formas menos visibles.
En este contexto cambiante, la memoria sigue siendo central.
La memoria no es un registro fijo. Es disputada, moldeada por el testimonio, el silencio y el poder. Reconstruir la memoria exige reconocer múltiples perspectivas. Exige enfrentar el papel del miedo, la persistencia de la impunidad y la fragmentación del territorio.
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