Darfur, la tierra calcinada

Darfur empezó a arder en 2003. En cuestión de meses, una rebelión contra el Gobierno de Sudán se transformó en una campaña de violencia contra la población civil. Aldeas enteras fueron bombardeadas, saqueadas e incendiadas. Se asesinó a hombres, se violó a mujeres y niñas, y cientos de miles de personas fueron expulsadas de sus tierras. Las principales víctimas pertenecían a las comunidades fur, masalit y zaghawa. El Gobierno de Omar al-Bashir respondió a la insurgencia con el ejército sudanés y el apoyo de milicias que llegarían a conocerse como los yanyauid, que arrasaron amplias zonas de Darfur dejando tras de sí aldeas destruidas y poblaciones desplazadas. Los supervivientes buscaron refugio en campamentos dentro de Sudán o cruzaron la frontera hacia Chad. En 2004, Estados Unidos declaró que en Darfur se había cometido un genocidio. Años después, la Corte Penal Internacional acusaría al propio al-Bashir de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Para entonces, el genocidio de Darfur se había convertido en una de las crisis humanitarias que definieron el inicio del siglo XXI. Se calcula que unas 300.000 personas murieron a causa de la violencia, el hambre y las enfermedades asociadas al conflicto, mientras que aproximadamente 2,7 millones fueron expulsadas de sus hogares.

Darfur se extiende por el oeste de Sudán, a lo largo de las fronteras con Chad, Libia y la República Centroafricana. Es un territorio vastísimo, aproximadamente del tamaño de España, modelado por el avance del desierto y por una economía que durante generaciones dependió sobre todo de la agricultura y la ganadería. Su nombre significa «la tierra de los fur», aunque la región nunca estuvo habitada por una única comunidad. Fur, masalit, zaghawa y distintos grupos árabes compartían un territorio donde la identidad era mucho más compleja de lo que después sugeriría la guerra de Darfur. Casi todos eran musulmanes, muchos hablaban árabe, y las relaciones entre las distintas comunidades incluían matrimonios mixtos, comercio, acuerdos sobre el uso de la tierra y también conflicto. La división entre «árabes» y «africanos» que acabaría dominando buena parte de la explicación internacional del genocidio simplificaba una realidad en la que las fronteras étnicas nunca habían sido del todo fijas.

La tierra estaba en el centro de muchas de esas relaciones. Las comunidades agrícolas dependían de territorios regidos por derechos consuetudinarios sobre la tierra, mientras que los grupos pastoriles necesitaban desplazar sus rebaños por rutas estacionales en busca de agua y pastos. Durante décadas existieron mecanismos locales para regular esos desplazamientos y resolver disputas. Pero las graves sequías que afectaron al Sahel desde los años setenta y ochenta, junto con la desertización, el crecimiento demográfico y la creciente presión sobre unos recursos escasos, fueron alterando poco a poco ese equilibrio. Durante los períodos de sequía, los pastores se vieron obligados a desplazarse más al sur y las disputas con los agricultores aumentaron. La difusión de armas modernas cambió además la naturaleza de esos enfrentamientos. Conflictos que antes podían resolverse mediante la mediación local se volvieron cada vez más violentos.

Sin embargo, describir el conflicto de Darfur simplemente como una guerra causada por el agua, el cambio climático o una antigua rivalidad entre tribus resultaría engañoso. El conflicto tenía también profundas raíces políticas. Durante décadas, Darfur había sufrido el abandono del Gobierno central. Sudán era un país marcado por profundas desigualdades territoriales. El poder político, la inversión y las grandes infraestructuras se concentraban en Jartum y en el valle del Nilo, mientras las regiones periféricas seguían sin carreteras adecuadas, hospitales, escuelas o representación política. Darfur era una de esas regiones. Durante muchos años fue creciendo la convicción de que el Estado exigía obediencia mientras ofrecía muy poco a cambio.

Omar al-Bashir se había hecho con el poder mediante un golpe militar en 1989. En las décadas siguientes construyó un régimen autoritario sostenido por las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y el islam político. Sudán estaba ya inmerso en una larga guerra civil entre el norte y el sur del país. Aquel conflicto consumía recursos y atención política mientras otras regiones acumulaban sus propios agravios. En Darfur empezó a extenderse la idea de que la única manera de forzar a Jartum a escuchar era tomar las armas.

A principios de 2003, dos organizaciones rebeldes, el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, iniciaron una insurgencia contra el Gobierno. Denunciaban la marginación política y económica de Darfur y acusaban al régimen de favorecer a determinadas comunidades árabes. En abril, los rebeldes atacaron el aeropuerto de El Fasher, destruyeron aviones militares y capturaron a soldados. La operación tuvo un enorme impacto. Un movimiento que el Gobierno había considerado en un principio una rebelión periférica había demostrado ser capaz de golpear una instalación militar importante.

La respuesta de Jartum fue inmediata y desproporcionada. El ejército sudanés inició una campaña contra los rebeldes, mientras el Gobierno recurría simultáneamente a milicias formadas sobre todo por hombres de comunidades árabes de Darfur. Esos grupos pasarían a conocerse internacionalmente como la milicia yanyauid. El término abarcaba una realidad más compleja, pero pronto quedó asociado a hombres armados que llegaban a las aldeas a caballo, en camello o en vehículos después de los ataques de la aviación sudanesa.

El mismo patrón empezó a repetirse por toda la región. Primero llegaban los aviones o los helicópteros. Bombardeaban los asentamientos y obligaban a huir a sus habitantes. Después llegaban las tropas terrestres y los combatientes yanyauid. Las casas eran saqueadas e incendiadas. Se robaba el ganado. Desaparecían las reservas de alimentos. Se mataba a los hombres y se sometía a las mujeres a violencia sexual. Los pozos podían ser destruidos o contaminados. Cuando el ataque terminaba, lo que quedaba no era simplemente una población aterrorizada. En muchos casos, era un lugar donde la vida se había vuelto imposible.

Las comunidades fur, masalit y zaghawa fueron especialmente señaladas. El Gobierno las consideraba vinculadas a los movimientos rebeldes, y la distinción entre combatientes y civiles fue desapareciendo progresivamente. Pertenecer a una determinada comunidad podía bastar para convertir una aldea en un objetivo. Miles de asentamientos fueron atacados o destruidos durante los primeros años del conflicto. Vistas desde el aire, algunas zonas de Darfur empezaron a mostrar círculos oscuros dispersos por el paisaje: los restos de aldeas incendiadas.

La destrucción tuvo una consecuencia inmediata. La gente huyó. Familias enteras abandonaron sus hogares cargando con lo que podían transportar. Algunas caminaron durante días. Los adultos llevaban agua, comida y a los niños más pequeños. Las personas mayores tenían que hacer el mismo trayecto. Muchos no tenían una idea clara de adónde se dirigían. Lo que importaba era poner distancia entre ellos y las zonas por las que avanzaban los grupos armados.

Parte de la población buscó refugio cerca de localidades controladas por el Gobierno o en zonas donde las organizaciones humanitarias empezaban a operar. Otros siguieron hacia el oeste y cruzaron la frontera con Chad. En cuestión de meses, cientos de miles de refugiados y desplazados internos de Darfur dependían de la ayuda internacional para sobrevivir. El desplazamiento dejó de ser una consecuencia secundaria de la guerra y se convirtió en uno de sus rasgos centrales.

Expulsar a una familia de su aldea significaba mucho más que obligarla a dejar una casa. La mayor parte de la población rural de Darfur dependía directamente de la tierra. Allí estaban sus cultivos, sus animales, sus pozos y sus reservas de alimentos. Y también una estructura social construida durante generaciones. Incendiar una aldea y robar su ganado destruía al mismo tiempo el hogar y los medios de supervivencia. Incluso si sus habitantes sobrevivían, regresar podía volverse imposible.

Este fue uno de los elementos que distinguió la crisis de un enfrentamiento convencional entre un ejército y una insurgencia. La violencia se dirigía contra la población civil y estaba transformando el propio territorio. Las aldeas desaparecían y sus habitantes se concentraban en enormes campamentos de desplazados. En otros lugares, nuevas poblaciones ocupaban las tierras abandonadas. La guerra estaba cambiando quién podía vivir dónde.

Los campamentos crecieron con una rapidez extraordinaria. Kalma, cerca de Nyala, llegó a albergar a decenas de miles de personas y se convirtió en uno de los mayores campamentos de desplazados de Darfur. Zamzam creció cerca de El Fasher. Al otro lado de la frontera, en Chad, surgieron otros campamentos para recibir a quienes lograban escapar de Sudán. Lo que empezó como grupos de tiendas levantadas sobre tierra desnuda se fue convirtiendo poco a poco en asentamientos cada vez mayores. Llegaron organizaciones humanitarias, junto con depósitos de agua, clínicas, escuelas improvisadas y centros de distribución de alimentos.

La vida cotidiana empezó a organizarse en torno a la emergencia. Había que buscar agua cada día. Había que recoger comida. Se necesitaba leña para cocinar y materiales para reforzar los refugios. Seguían naciendo niños. Los enfermos necesitaban atención médica. Las mujeres cargaban a menudo con buena parte de la responsabilidad de alimentar y mantener unidas a familias que lo habían perdido casi todo. Los campamentos ofrecían cierta protección, pero no eliminaban el peligro.

Para muchas mujeres, recoger leña significaba abandonar la relativa seguridad del campamento y adentrarse en zonas donde seguían operando hombres armados. La violencia sexual se convirtió en uno de los rasgos más ampliamente documentados del conflicto. Mujeres y niñas fueron violadas durante los ataques a las aldeas, durante la huida y en los alrededores de los campamentos de desplazados. En numerosos testimonios, las supervivientes describieron agresiones acompañadas de insultos referidos a su identidad étnica. La magnitud y la repetición de los ataques llevaron a los investigadores a considerar que la violencia sexual no era simplemente una consecuencia del desorden de la guerra, sino parte de la campaña de terror dirigida contra determinadas comunidades.

Las consecuencias se prolongaban mucho después de la agresión. Algunas mujeres quedaron embarazadas. Otras sufrieron lesiones o enfermedades. Muchas se enfrentaron además al estigma dentro de sus propias comunidades. En un conflicto en el que destruir la seguridad y la cohesión de una población formaba parte de la violencia, una violación podía tener consecuencias que iban mucho más allá de la víctima individual.

Los hombres se enfrentaban a otro peligro. Durante algunos ataques eran separados de las mujeres y los niños y asesinados. Ser un hombre joven podía bastar para ser considerado un rebelde. Se dejaban cuerpos entre las casas incendiadas y a lo largo de los caminos. Se encontraron fosas comunes en otros lugares. La ausencia de registros fiables y la dificultad de acceder a amplias zonas de Darfur hicieron imposible establecer con precisión cuántas personas murieron.

El número de muertos se convirtió enseguida en una de las mayores dificultades a la hora de medir la magnitud del genocidio de Darfur. No existía un registro exhaustivo, y las estimaciones variaban considerablemente. No todos murieron por disparos o bombardeos. El desplazamiento provocó hambre, enfermedad y falta de acceso a tratamiento médico. Un niño que moría de diarrea en un campamento después de que su familia hubiera sido expulsada de su aldea era también una víctima del conflicto, aunque ninguna bala hubiera causado directamente su muerte. Con el tiempo, una estimación de en torno a 300.000 muertos se convirtió en una de las cifras más utilizadas para describir el coste humano de los primeros años de la crisis.

En 2004, la emergencia humanitaria ya era imposible de ocultar. Más de un millón de personas habían sido ya expulsadas de sus hogares, y las organizaciones internacionales advertían de que la combinación de violencia, hambre y enfermedad podía producir una catástrofe aún mayor. El conflicto de Darfur empezó a aparecer con regularidad en los medios internacionales. Las fotografías mostraban aldeas reducidas a cenizas, columnas de refugiados cruzando un paisaje implacable, niños desnutridos y campamentos que se extendían por enormes superficies de tierra.

El conflicto adquirió también una dimensión política internacional. El Gobierno sudanés negaba estar llevando a cabo una campaña contra la población civil y presentaba a los yanyauid como grupos fuera de su control. Sin embargo, los testimonios recogidos sobre el terreno y las investigaciones internacionales apuntaban a una estrecha coordinación entre las operaciones militares y las milicias. Los ataques aéreos seguidos de la llegada de combatientes yanyauid se repitieron con demasiada consistencia para ser descartados como hechos aislados.

En septiembre de 2004, el secretario de Estado estadounidense Colin Powell compareció ante el Senado de Estados Unidos y declaró que en Darfur se había cometido un genocidio y que el Gobierno sudanés y los yanyauid eran responsables. La palabra tenía un peso histórico y jurídico enorme. Apenas diez años antes, el mundo había sido testigo del genocidio de Ruanda. Gobiernos y organizaciones internacionales habían repetido después que una matanza semejante no debía volver a producirse nunca más ante la pasividad de la comunidad internacional.

Darfur puso a prueba esa promesa. El debate sobre si las atrocidades debían calificarse legalmente como genocidio ocupó a gobiernos, juristas y organizaciones internacionales durante meses. Una comisión de las Naciones Unidas documentó asesinatos, torturas, desapariciones, destrucción de aldeas, violaciones y desplazamientos forzados. Concluyó que las fuerzas del Gobierno sudanés y los yanyauid habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra generalizados, aunque no encontró pruebas suficientes para concluir que el Gobierno sudanés como tal hubiera perseguido una política de genocidio. La distinción se refería a un umbral jurídico específico: probar un genocidio exige algo más que establecer una matanza masiva o un desplazamiento forzado. Exige pruebas de la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.

El debate jurídico cambió poco la vida de quienes vivían en los campamentos. Para una familia que había visto desaparecer su aldea, la diferencia entre genocidio, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad podía parecer remota. Su experiencia era más sencilla de describir: habían llegado hombres armados, habían matado a los vecinos, habían quemado las casas y regresar ya no era seguro.

En 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional. La investigación acabaría llegando hasta el nivel más alto del régimen sudanés. En marzo de 2009, la CPI dictó una orden de arresto contra Omar al-Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En 2010 dictó una segunda orden que añadía cargos de genocidio relacionados con actos dirigidos contra los fur, los masalit y los zaghawa. Era la primera vez que la Corte Penal Internacional acusaba de genocidio a un jefe de Estado en ejercicio.

Al-Bashir siguió siendo presidente de Sudán. Las órdenes de arresto tuvieron un enorme significado jurídico y simbólico, pero también evidenciaron los límites de la justicia internacional. La CPI carece de fuerza policial propia y depende de los Estados para ejecutar sus órdenes. Durante años, al-Bashir pudo viajar al extranjero sin ser detenido. Para los desplazados de Darfur, el hombre al que la justicia internacional acusaba de algunos de los crímenes más graves del mundo siguió siendo el presidente del país al que pertenecían.

Mientras tanto, la guerra siguió transformándose. Los movimientos rebeldes se dividieron en facciones enfrentadas entre sí, surgieron nuevos grupos y las negociaciones produjeron acuerdos que no lograron poner fin a la violencia. En 2006 se firmó un acuerdo de paz en Abuya, Nigeria, pero solo una parte de la rebelión lo aceptó. Los combates continuaron y las alianzas se volvieron cada vez más complejas. A la violencia entre el Gobierno y los rebeldes se sumaron los combates entre facciones rebeldes y los conflictos locales por la tierra y los recursos.

Para la población civil, esa complejidad significaba que la seguridad seguía siendo esquiva. Regresar a una aldea podía suponer atravesar territorio controlado por grupos armados. En algunos casos, las viviendas ya no existían. En otros, la tierra había sido ocupada. La posibilidad de regresar no dependía solo de que un ataque hubiera terminado, sino de que siguieran existiendo las condiciones mínimas para reconstruir una vida.

La ayuda humanitaria se convirtió en una presencia permanente. Miles de cooperantes internacionales y sudaneses participaron en una de las mayores operaciones de ayuda del mundo. Se distribuían alimentos, se perforaban pozos, funcionaban clínicas y se organizaban programas de vacunación. Millones de personas dependían, en distinta medida, de esa infraestructura. Las propias organizaciones humanitarias trabajaban bajo presión, enfrentándose a restricciones de movimiento, ataques y expulsiones. El acceso a las poblaciones vulnerables se convirtió una y otra vez en parte de la disputa política en torno a la guerra.

La comunidad internacional intentó también establecer una fuerza capaz de proteger a la población civil. Primero llegó una misión de la Unión Africana, seguida en 2007 por la UNAMID, la operación conjunta de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Se convirtió en una de las mayores misiones de paz desplegadas hasta entonces. Su mandato incluía la protección de la población civil, pero Darfur era inmenso y las fuerzas internacionales nunca tuvieron capacidad para garantizar la seguridad de todas las poblaciones desplazadas y todas las comunidades.

Para entonces, Darfur se había convertido en una causa global. Surgieron en Estados Unidos y Europa campañas que exigían actuar contra el genocidio. Universidades, organizaciones religiosas, colectivos de la sociedad civil y personalidades públicas participaron en manifestaciones y campañas de concienciación. Las imágenes de la guerra circularon mucho más allá de Sudán. Las fotografías tomadas en aldeas destruidas y campamentos de refugiados dieron rostro humano a una crisis que las estadísticas por sí solas no podían explicar.

Aquellas fotografías mostraban una parte concreta de la guerra. No mostraban negociaciones diplomáticas ni resoluciones de las Naciones Unidas. Mostraban lo que quedaba después: casas reducidas a cenizas, familias esperando el reparto de alimentos, niños viviendo bajo láminas de plástico, mujeres caminando largas distancias para conseguir agua, hombres que habían perdido su ganado y sus cosechas. Personas que meses antes vivían de su propia tierra dependían ahora de la ayuda internacional para alimentarse.

Esa transformación fue una de las consecuencias más profundas del genocidio de Darfur. La violencia convirtió a comunidades autosuficientes en poblaciones desplazadas. Una familia podía tener una casa, ganado y cosechas, y pertenecer a una red de relaciones que le permitía sobrevivir sin ayuda externa. Después de un ataque podía quedarse sin nada en cuestión de horas. Un campamento de refugiados o desplazados no era simplemente el lugar al que alguien había huido. Era la consecuencia física de todo lo que se había perdido.

Los niños constituían una parte importante de esa población. Muchos llegaban a los campamentos tras caminar durante días. Algunos habían presenciado el asesinato de familiares. Otros se habían separado de sus padres durante la huida. La malnutrición y la enfermedad eran amenazas constantes, sobre todo durante los primeros meses de la crisis. Las organizaciones humanitarias intentaron mantener escuelas y espacios para la infancia, pero toda una generación empezó a crecer dentro de una situación que en un principio se había concebido como temporal.

Lo temporal se fue convirtiendo poco a poco en permanente. Las tiendas de campaña fueron sustituidas por refugios más duraderos. Crecieron los mercados. Hubo matrimonios y nacieron niños. Los campamentos empezaron a parecerse a pequeñas ciudades. Y sin embargo seguían siendo lugares organizados en torno a una ausencia: la imposibilidad de regresar a casa.

Para muchas familias, su tierra estaba a apenas unos kilómetros. Podían saber exactamente dónde se encontraba su aldea y aun así ser incapaces de volver. Esa proximidad hacía especialmente difícil de entender el desplazamiento. No estaban necesariamente a miles de kilómetros de casa. Algunos se encontraban a solo unas horas. Lo que los separaba no era la geografía, sino el miedo.

Con el paso de los años, Darfur fue desapareciendo poco a poco de la atención internacional. Otras guerras ocuparon los titulares. La intensidad de las grandes campañas de 2003 y 2004 disminuyó y el conflicto se fue fragmentando cada vez más. Pero que hubiera menos fotografías de aldeas ardiendo no significaba que la crisis hubiera terminado. Millones de personas seguían desplazadas y las condiciones que impedían su regreso no se habían resuelto.

Esa es una de las claves para mirar hoy las fotografías de la primera fase de la crisis de Darfur. Las imágenes pertenecen a un momento concreto, pero muestran las consecuencias de decisiones que marcarían vidas durante años. Una aldea incendiada en 2004 no representa solo las secuelas de un ataque. Para quienes vivían allí, podía marcar el inicio de décadas de desplazamiento. Un niño fotografiado en un campamento de refugiados no es simplemente un niño refugiado. Es alguien cuya relación con la tierra, la educación, la familia y el futuro se vio alterada por una guerra que ese niño no había provocado.

Darfur fue una guerra entre el Gobierno de Sudán y los movimientos rebeldes, pero fue también una campaña contra comunidades civiles identificadas por su etnia. Esa distinción es fundamental. Los fur, los masalit y los zaghawa no fueron simplemente víctimas por haber quedado atrapados entre dos ejércitos. Sus aldeas fueron atacadas de manera sistemática, sus poblaciones desplazadas y sus medios de supervivencia destruidos, lo que hizo extremadamente difícil el regreso. Esa realidad está en el centro de las acusaciones de genocidio que acabarían llegando hasta el presidente Omar al-Bashir.

Es igualmente importante evitar otra simplificación habitual. Darfur no fue simplemente una guerra de «árabes contra africanos negros». Esa descripción borra la complejidad de una región donde las comunidades habían convivido durante generaciones y las identidades a menudo se superponían. Hubo comunidades árabes que no participaron en las atrocidades e individuos que protegieron a vecinos de otros grupos. Las fuerzas rebeldes también cometieron abusos. Lo que transformó las divisiones locales en una maquinaria de persecución fue, sobre todo, su explotación política y militar.

El Gobierno de al-Bashir encontró en esas divisiones una manera de combatir una insurgencia sin depender exclusivamente del ejército regular. Armó y sostuvo a milicias locales, convirtió a determinadas comunidades en aliadas y trató a otras como parte del enemigo. La consecuencia fue que la guerra dejó de distinguir entre un combatiente armado y un agricultor que pertenecía a la misma comunidad étnica. Cuando esa distinción desaparece, toda una población civil puede convertirse en objetivo.

Las fotografías realizadas durante aquellos años documentan precisamente ese momento. Antes de que Darfur se convirtiera en un argumento jurídico, antes de que los tribunales internacionales dictaran órdenes de arresto y antes de que la crisis fuera desapareciendo poco a poco de los titulares, hubo personas que acababan de perder sus hogares. La historia todavía se estaba escribiendo ante ellas.

Entender esas fotografías no exige conocer cada negociación, cada facción rebelde o cada resolución de las Naciones Unidas. Exige comprender la secuencia básica de los hechos. Una región marginada se rebeló contra el Gobierno central. El régimen respondió con el ejército y milicias aliadas. Se identificó a las poblaciones civiles de determinadas comunidades con la insurgencia. Sus aldeas fueron atacadas, sus habitantes asesinados o desplazados y sus medios de supervivencia destruidos. Millones de personas fueron expulsadas de sus hogares y cientos de miles murieron como consecuencia directa o indirecta del conflicto. Estados Unidos declaró que se había producido un genocidio, y la Corte Penal Internacional acabó acusando de genocidio al presidente que gobernaba Sudán cuando estalló la violencia.

Detrás de esa secuencia, sin embargo, hay una realidad más inmediata. Alguien vivía en un lugar y un día tuvo que abandonarlo para sobrevivir. Dejó atrás una casa, animales, cosechas, vecinos y muertos. Caminó hasta alcanzar un lugar seguro y descubrió después que estar a salvo no significaba poder regresar. Repetida cientos de miles de veces, esa experiencia explica la realidad humana del genocidio de Darfur con más claridad que cualquier definición jurídica.

La guerra convirtió la distancia entre una aldea y un campamento de desplazados en la distancia entre dos vidas. A un lado quedaba todo lo que existía antes del ataque. Al otro, una existencia organizada en torno a la supervivencia y la espera. Entre ambas, las aldeas incendiadas.

Eso es lo que documentan las fotografías de la primera fase de la crisis de Darfur. No el final de una guerra, sino el momento en que millones de personas comprendieron que sobrevivir podía significar dejar atrás todo lo que, hasta entonces, había sido su vida.