El año en que dejamos de tocarnos

Hubo un momento en que dejamos de tocarnos. Dejamos de estrechar la mano a un desconocido, de besar a nuestros padres, de abrazar a nuestros amigos. Dejamos de acercarnos. Durante semanas, y después durante meses, proteger a quienes queríamos significó mantenernos alejados de ellos. La distancia, hasta entonces una forma de separación, se convirtió de pronto en una forma de cuidado. España tenía cerca de 47 millones de habitantes cuando una amenaza que durante semanas había parecido lejana entró en las casas, vació las calles, cerró colegios, comercios y negocios, desbordó los hospitales y obligó a toda una sociedad a enfrentarse a algo para lo que no estaba preparada. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma y restringió severamente la libertad de movimiento. A partir de ese momento, solo se podía salir de casa para ciertas actividades consideradas esenciales: comprar alimentos y medicinas, acudir a un centro médico, trabajar en sectores autorizados o cuidar de personas dependientes. En cuestión de horas desapareció una forma de vida que había parecido inalterable. Las carreteras se vaciaron. Los aeropuertos enmudecieron. Las estaciones de ferrocarril dejaron de recibir viajeros. Bajaron las persianas. Cerraron los parques. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y ciudades de toda España empezaron a mostrar una imagen difícil de reconocer: calles construidas para millones de personas en las que casi no quedaba nadie.

Pero la historia del covid-19 en España había comenzado mucho antes de que el país se encerrara puertas adentro. El 31 de enero se confirmó en la isla de La Gomera el primer caso de coronavirus detectado en territorio español. El paciente era un turista alemán. Por entonces, el virus todavía se percibía sobre todo como un problema ajeno, asociado primero a Wuhan y después a ciertas regiones de Asia. Europa seguía funcionando casi con normalidad. El siguiente gran brote surgió en Italia y, cuando empezaron a llegar desde Lombardía imágenes de hospitales desbordados y ciudades confinadas, la amenaza dejó de estar a miles de kilómetros. El 25 de febrero se detectaron nuevos casos en la España peninsular, y un día después se confirmó en Sevilla un contagio sin vínculo conocido con las zonas hasta entonces consideradas de riesgo. El virus ya circulaba dentro del país sin haber sido detectado. A partir de ahí, los acontecimientos se aceleraron. Los casos aumentaron, aparecieron focos de transmisión comunitaria y Madrid empezó a concentrar una proporción significativa de los contagios. Lo que todavía se presentaba como una crisis manejable comenzaba a escapar a los mecanismos pensados para contenerla.

Los días previos al confinamiento en España se convertirían en uno de los grandes focos de controversia sobre la gestión de la pandemia. Durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo, el país siguió celebrando numerosos actos multitudinarios. Hubo partidos de fútbol, eventos culturales, mítines políticos y manifestaciones. Decenas de miles de personas participaron en las marchas del Día Internacional de la Mujer, mientras unas 9.000 asistieron a un mitin de Vox en Vistalegre, en Madrid. Representantes del Gobierno acudieron a las manifestaciones del 8 de marzo; políticos de otros partidos también participaron en distintos actos, mientras Vox celebraba su propio mitin. Poco después se conocieron contagios entre políticos de diferentes formaciones, y Vox pidió disculpas por haber mantenido su mitin. El debate político se centraría más tarde, en particular, en las manifestaciones del 8 de marzo, pero reducir la propagación del virus en aquellos días a un único acontecimiento simplifica en exceso lo ocurrido. La transmisión comunitaria ya se estaba produciendo, y durante ese fin de semana España mantuvo un grado de normalidad que ya no se correspondía con la realidad epidemiológica. La pregunta relevante no era solo qué acto debería haberse cancelado, sino por qué un país en el que el virus se propagaba cada vez más rápido siguió reuniendo a miles de personas en estadios, manifestaciones, mítines políticos y otros espacios públicos.

El 9 de marzo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció el cierre de colegios y universidades. Las medidas comenzaron a sucederse a una velocidad que pocos habían vivido antes. Las empresas enviaron a sus empleados a casa, se cancelaron eventos, desaparecieron congresos y competiciones, los supermercados se llenaron de personas comprando alimentos y productos básicos, y las mascarillas empezaron a convertirse en un objeto cotidiano todavía difícil de encontrar. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote global de pandemia. Tres días después llegó el estado de alarma. El tránsito de la vida normal al confinamiento había durado apenas una semana.

Dentro de los hospitales, el tiempo transcurría de otra manera. Los pacientes llegaban en un número cada vez mayor, muchos con enfermedad respiratoria grave. Hubo que reorganizar los servicios de urgencias, ampliar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, suspender las intervenciones no urgentes y transformar espacios pensados para otros fines en zonas de atención a pacientes con covid-19. El conocimiento clínico de la enfermedad todavía era limitado. No había vacuna. No existía un tratamiento específico capaz de detener el virus. Los profesionales sanitarios aprendían mientras trataban de salvar vidas. Y lo hacían, sobre todo durante las primeras semanas, en medio de una escasez de equipos de protección que se convertiría en una de las imágenes más crudas de la improvisación inicial. Las mascarillas se llevaban más tiempo del recomendado, las batas se improvisaban, las gafas se reutilizaban e incluso se emplearon bolsas de basura como protección de emergencia en algunos entornos sanitarios. España registraría uno de los números más altos de sanitarios contagiados durante la primera fase de la pandemia. La misma sociedad que aplaudía cada tarde a médicos y enfermeras desde los balcones descubrió que quienes estaban en primera línea no siempre contaban con el material que necesitaban para protegerse.

A las ocho de la tarde, durante semanas, se abrían las ventanas. En barrios enteros, personas que no se conocían empezaron a reconocerse de balcón a balcón. Aplaudían al personal sanitario, pero esos minutos también servían para reconocerse entre vecinos, para comprobar que, más allá de las paredes, había otros viviendo la misma incertidumbre. Hubo música, cumpleaños celebrados desde las ventanas, conversaciones entre vecinos que nunca antes se habían dirigido la palabra, policías felicitando a niños desde la calle y pequeños rituales pensados para imponer algún tipo de orden a unos días que habían perdido sus referencias habituales. El confinamiento tuvo también esa dimensión comunitaria. Pero sería un error convertir aquellos meses en un relato romántico de solidaridad. La experiencia dependía enormemente de dónde y con quién se estuviera confinado. No era lo mismo confinarse en una casa con jardín que en un piso interior de cuarenta metros cuadrados. No era lo mismo conservar el sueldo gracias al teletrabajo que perder de golpe cualquier fuente de ingresos. No era lo mismo estar confinado en compañía que estarlo en soledad. Y no era lo mismo tener veinte años que tener ochenta.

En ningún lugar fue esa diferencia tan brutal como en las residencias de mayores. El virus encontró allí casi todas las condiciones necesarias para provocar una tragedia: personas de edad avanzada, muchas con patologías previas, conviviendo juntas; cuidadores en contacto constante con numerosos residentes; dificultades iniciales para conseguir pruebas diagnósticas; y escasez de material de protección. Cuando el coronavirus entraba en algunos centros, se propagaba con una rapidez extraordinaria. Familias enteras se vieron impedidas de visitar a sus mayores justo cuando más los necesitaban. El personal tuvo que cuidar, aislar y acompañar a los residentes en condiciones extraordinarias. Algunas residencias vivieron situaciones extremas, y la capacidad hospitalaria, los protocolos de derivación y los criterios empleados en el momento de mayor saturación generarían una controversia que forma parte de la memoria más dolorosa de la primera ola.

Durante meses ni siquiera fue posible establecer con precisión cuántas personas habían muerto en las residencias españolas. Los gobiernos autonómicos utilizaban sistemas de información distintos, muchos de los fallecidos nunca llegaron a hacerse una prueba, y las cifras distinguían entre muertes confirmadas y muertes con síntomas compatibles con el covid-19. Los números tuvieron que reconstruirse. Los datos agregados de 2020 acabarían registrando más de 16.000 residentes fallecidos con covid-19 confirmado y cerca de otros 10.000 con síntomas compatibles: más de 26.000 personas en total. La magnitud del covid en las residencias españolas no puede separarse del propio problema estadístico. Durante la primera ola, miles de personas murieron sin un diagnóstico confirmado, y las estadísticas posteriores tuvieron que reconstruir lo que el sistema no había sido capaz de contar mientras ocurría.

Ahí reside una de las grandes contradicciones de la pandemia en España: durante meses hubo distintas maneras de contar a los muertos. Cada día, las cifras oficiales ofrecían una imagen aparentemente precisa de la epidemia: casos, ingresos hospitalarios, ingresos en cuidados intensivos y fallecimientos. Los números daban la sensación de que lo que ocurría podía medirse. Pero esa precisión era, en parte, engañosa. Durante las primeras semanas, la capacidad diagnóstica era muy limitada. Muchas personas murieron en casa o en centros residenciales sin llegar a hacerse una prueba. Los gobiernos autonómicos comunicaban sus cifras con procedimientos distintos. El Ministerio de Sanidad cambió criterios e hizo correcciones retroactivas. Una muerte podía figurar en un certificado de defunción y, sin embargo, no aparecer durante semanas en la estadística oficial diaria de covid porque el contagio nunca había sido confirmado por una prueba.

El resultado fue una brecha considerable entre las distintas formas de medir la mortalidad. Mientras el recuento oficial se construía sobre todo a partir de las muertes diagnosticadas, los sistemas de vigilancia de la mortalidad medían otra cosa: cuánta gente estaba muriendo en comparación con la que estadísticamente se esperaba que muriera. El exceso de mortalidad durante la primera ola fue sustancialmente mayor que la cifra que aparecía inicialmente en los partes oficiales diarios. El Instituto Nacional de Estadística incorporaría más tarde tanto las muertes por covid con el virus identificado como aquellas en las que la enfermedad figuraba como sospecha en el certificado médico de defunción. El sistema de vigilancia de la mortalidad, MoMo, registró por su parte un exceso extraordinario de fallecimientos durante las semanas más duras. Estas cifras no son directamente intercambiables: unas miden causas de muerte certificadas, otras desviaciones respecto a la mortalidad esperada, mientras que las autoridades sanitarias empleaban sus propios criterios de vigilancia epidemiológica. Pero esa diferencia forma parte, en sí misma, de la historia. No hubo un único número capaz de explicar, en tiempo real, cuántas vidas se estaba llevando la pandemia.

Reconocer esa contradicción no significa automáticamente que cada discrepancia fuera fruto de una manipulación deliberada. Una respuesta epidémica desbordada, la escasez de pruebas y los distintos sistemas de notificación autonómicos producen inevitablemente datos incompletos. Pero tampoco pueden tratarse las cifras oficiales publicadas durante aquellos meses como una representación completa de la mortalidad. El asunto se politizó también porque cada número adquiría rápidamente un significado que iba mucho más allá de la epidemiología. Contar a los muertos significaba medir la magnitud de la tragedia y, por extensión, valorar la gestión de quienes eran responsables de afrontarla. Gobierno y oposición discutieron sobre cifras, responsabilidades y competencias mientras los registros administrativos reconstruían despacio una realidad que había sido imposible de conocer con precisión durante las semanas más duras.

Para las familias, sin embargo, esa discusión estadística tenía poco que ver con la experiencia de perder a alguien. Una de las características más crueles del covid-19 fue la manera en que alteró la propia muerte. Durante siglos, una parte esencial del duelo había consistido en estar presente: sentarse junto a una cama, sostener una mano, reunir a la familia, velar el cuerpo, acudir a un funeral. El virus convirtió todos esos gestos en un riesgo. Miles de personas entraron en los hospitales y sus familias no volvieron a verlas. Las llamadas telefónicas sustituyeron a las visitas. Médicos y enfermeras sostenían los teléfonos para que los pacientes aislados pudieran escuchar una última voz conocida. Los funerales se restringieron. Los abrazos desaparecieron justo cuando más falta hacían. Morir en soledad dejó de ser una excepción y, en aquellos días, se convirtió en una posibilidad demasiado frecuente.

Los tanatorios también se vieron desbordados. En Madrid, la pista de hielo del Palacio de Hielo se transformó en una instalación provisional para los fallecidos. Las imágenes de ataúdes y furgones fúnebres hicieron visible lo que las estadísticas no podían transmitir. Las Fuerzas Armadas participaron en labores de desinfección y apoyo a través de la Operación Balmis. La Unidad Militar de Emergencias entró en residencias y otros centros. Aparecieron hospitales de campaña en recintos feriales y espacios públicos. IFEMA, construido para congresos y grandes ferias, se transformó en pocos días en un hospital destinado a aliviar parte de la presión sobre el sistema sanitario madrileño. La arquitectura de la vida cotidiana empezó a utilizarse para sobrevivir a una realidad completamente distinta.

Fuera de los hospitales, España permanecía inmóvil. La Policía y la Guardia Civil controlaban los desplazamientos. Las playas estaban vacías. Las iglesias, cerradas. Las procesiones de Semana Santa desaparecieron de las calles. Los niños pasaron semanas sin poder salir de casa. Las aulas se trasladaron precipitadamente a las pantallas, y la pandemia puso de manifiesto otra desigualdad que hasta entonces había permanecido parcialmente oculta: no todos los estudiantes tenían un ordenador, una conexión a internet fiable o un lugar tranquilo donde estudiar. Los padres intentaban trabajar mientras cuidaban de sus hijos. Los docentes aprendían a enseñar a distancia. Los abuelos, que durante años habían sostenido buena parte de la vida familiar y el cuidado de los niños en España, se convirtieron precisamente en las personas de las que había que mantenerse alejado.

Una parte enorme de la economía también se detuvo. Bares, restaurantes, hoteles, comercios y negocios cerraron. El turismo, uno de los pilares de la economía española, prácticamente desapareció durante meses. Los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, se convirtieron en uno de los principales mecanismos para evitar que una suspensión temporal de la actividad se tradujera de inmediato en millones de despidos. A finales de abril de 2020, más de 3,3 millones de trabajadores estaban acogidos a un ERTE. Detrás de esa cifra había millones de vidas en suspensión económica, personas que no sabían cuándo volverían a trabajar y pequeños negocios que no sabían si algún día volverían a abrir.

La pandemia no afectó a todos por igual. Quienes podían trabajar desde un ordenador descubrieron el teletrabajo. Quienes limpiaban hospitales, conducían autobuses, atendían supermercados, transportaban mercancías, recogían la basura o cuidaban de personas dependientes tuvieron que seguir saliendo a la calle. Muchos de los empleos definidos de pronto como esenciales eran precisamente aquellos que antes habían recibido poca atención pública y no siempre estaban bien pagados. Una sociedad confinada comprendió de golpe hasta qué punto dependía de personas a las que apenas prestaba atención.

Las primeras semanas también dejaron al descubierto la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales. Países de todo el mundo competían por comprar mascarillas, respiradores, guantes, batas y pruebas diagnósticas. España entró en un mercado internacional caótico en el que los precios subían, aparecían intermediarios y algunos de los productos comprados no cumplían las especificaciones exigidas. Hubo que retirar lotes de pruebas diagnósticas por su sensibilidad insuficiente, y algunas compras acabarían siendo objeto de investigaciones y controversia. La emergencia exigió procedimientos de contratación excepcionales, y ese entorno excepcional creó también oportunidades que terminarían derivando en investigaciones judiciales sobre determinadas operaciones. La pandemia fue una emergencia de salud pública, pero también movió miles de millones de euros en muy poco tiempo.

A finales de abril, el país empezó a salir despacio. Los niños pudieron volver a salir a la calle en condiciones concretas. Después se permitió a los adultos pasear y hacer ejercicio al aire libre. España inició una desescalada por fases en la que cada paso parecía devolver una pequeña parte de la vida que había desaparecido. Una terraza abierta se convirtió en un símbolo. Caminar junto a otra persona resultaba extraordinario. Las provincias avanzaban a ritmos distintos según su situación epidemiológica, y la política volvió con toda su intensidad a la pregunta de quién podía avanzar y quién tenía que esperar. Tras semanas en las que el país había aceptado restricciones que antes habrían parecido inimaginables, también empezaba a asomar el agotamiento.

La primera ola había dejado otra certeza incómoda. España estaba lejos de alcanzar la inmunidad de grupo. El estudio nacional de seroprevalencia ENE-COVID estimó que en torno al 5 % de la población tenía anticuerpos, con enormes diferencias geográficas. Pese a la devastación de la primavera, la inmensa mayoría de la población seguía siendo susceptible de contagiarse.

El verano devolvió una apariencia de normalidad. Hoteles y restaurantes reabrieron, los turistas regresaron, las familias volvieron a reunirse y la mascarilla se instaló como un objeto más de la vida cotidiana. Pero el virus no había desaparecido. Surgieron nuevos brotes, seguidos de una segunda ola. Las restricciones regresaron, aunque no adoptaron exactamente la misma forma que el confinamiento domiciliario nacional impuesto en marzo. Se limitaron las reuniones, se obligó a los negocios a cerrar a determinadas horas, se sellaron fronteras autonómicas y municipales y los toques de queda pasaron a formar parte de la vida diaria. España declaró un nuevo estado de alarma en octubre. Buena parte de la gestión se descentralizó hacia las comunidades autónomas, y el país se convirtió en un mosaico de restricciones distintas.

La propia arquitectura legal empleada para afrontar la pandemia acabaría siendo cuestionada. El Tribunal Constitucional dictaminó que determinadas disposiciones del primer estado de alarma eran inconstitucionales, al considerar que algunas de las restricciones impuestas suponían una suspensión de derechos fundamentales que no podía implementarse a través de ese mecanismo constitucional. Más tarde declaró también inconstitucionales aspectos del segundo estado de alarma, incluidas cuestiones relativas a la duración de su prórroga y a la delegación de competencias. Las sentencias no negaban la gravedad de la emergencia sanitaria ni la necesidad de adoptar medidas, pero añadieron otra dimensión al relato de aquellos meses: incluso en una crisis extraordinaria, el mecanismo legal empleado para restringir derechos fundamentales importaba.

Mientras tribunales, gobiernos y parlamentos discutían sobre competencias y restricciones, la sociedad había aprendido un vocabulario nuevo. PCR. Incidencia acumulada. Rastreo de contactos. Contacto estrecho. Cuarentena. Asintomático. Aerosoles. Palabras poco usadas antes pasaron a formar parte de las conversaciones familiares. Cada cifra adquiría una importancia extraordinaria. La gente miraba las curvas como antes miraba la previsión del tiempo. Se discutía sobre mascarillas, ventilación, colegios, terrazas de bares y reuniones familiares. La ciencia avanzaba al mismo tiempo que el debate público, y esa velocidad producía inevitablemente correcciones. Algunas recomendaciones cambiaron porque cambió la evidencia. Otras cambiaron porque se habían tomado decisiones con información incompleta. Para una sociedad que buscaba certezas, aceptar que el conocimiento científico también se construye corrigiéndose resultó difícil.

La Navidad de 2020 llegó con una mezcla de agotamiento y esperanza. Familias enteras debatían si debían reunirse. Se restringieron los desplazamientos y el número de personas permitidas en las celebraciones. Y entonces apareció algo que durante los meses más oscuros había parecido lejano: una vacuna. El 27 de diciembre, España inició su campaña de vacunación contra el covid-19. Los primeros grupos prioritarios incluyeron a residentes y trabajadores de residencias y al personal sanitario. Aquellas primeras inyecciones tuvieron un peso simbólico difícil de separar de su significado médico. Después de meses intentando mantener el virus a distancia con el aislamiento, las mascarillas y la separación, por fin existía una herramienta diseñada específicamente para preparar al cuerpo humano frente a él.

La vacunación no puso fin de inmediato a la pandemia. Llegaron nuevas olas, nuevas variantes y nuevos ingresos hospitalarios. Hubo debates sobre prioridades, ritmos de vacunación y certificados. Pero la relación entre el virus y la sociedad empezó a cambiar. La protección frente a la enfermedad grave aumentó, sobre todo entre los grupos vulnerables, y los hospitales dejaron poco a poco de enfrentarse al mismo nivel de indefensión que en marzo de 2020. Las residencias, los lugares más devastados durante la primera ola, ofrecieron una demostración especialmente clara del efecto de la vacunación cuando los casos graves y las muertes entre los residentes cayeron de forma drástica.

Poco a poco fueron regresando los gestos. Primero con miedo. Después por costumbre. Volvieron los restaurantes llenos, los estadios, los conciertos, las bodas y los viajes. Los niños volvieron a las aulas. Las oficinas volvieron a llenarse. Las mascarillas fueron desapareciendo poco a poco de los lugares donde antes habían sido obligatorias. La distancia dejó de ser una norma y volvió a ser, simplemente, distancia.

Pero recuperar la normalidad no significó volver exactamente al lugar del que la sociedad había partido. La pandemia había dejado muertes, enfermedad, negocios desaparecidos, trabajadores agotados y familias aprendiendo a convivir con una ausencia. Había revelado la fortaleza de un sistema sanitario capaz de multiplicar sus recursos en condiciones extremas, pero también sus debilidades. Había expuesto problemas estructurales en muchas residencias y la vulnerabilidad de una población envejecida. Había demostrado la importancia de los servicios públicos, a la vez que dejaba a la vista fallos de coordinación entre distintas administraciones. Reveló una capacidad extraordinaria de adaptación social y, al mismo tiempo, mostró con qué rapidez una decisión de salud pública podía convertirse en un conflicto político.

También dejó preguntas incómodas sobre la información. A lo largo de la pandemia se pidió a la ciudadanía que confiara en unas cifras que cambiaban constantemente. Algunas discrepancias tenían explicaciones metodológicas legítimas; otras reflejaban sistemas de información deficientes, retrasos, escasez de pruebas o criterios que no eran uniformes. Los datos oficiales fueron esenciales para vigilar la epidemia, pero no bastaron para reconstruir toda su magnitud. El exceso de mortalidad, los certificados de defunción, los registros civiles, los estudios de seroprevalencia y las estadísticas consolidadas acabaron completando una imagen que los partes diarios nunca pudieron ofrecer por sí solos. La contradicción entre esas fuentes no debe borrarse de la historia de las muertes por covid en España. Forma parte de ella.

Tampoco debería desaparecer el debate sobre las decisiones tomadas antes y durante la emergencia. Las manifestaciones del 8 de marzo forman parte de esa historia, igual que el mitin de Vox, los partidos de fútbol y otras concentraciones multitudinarias que se celebraron mientras el virus ya circulaba. También forman parte de ella los mensajes tranquilizadores de las semanas previas, las dificultades para conseguir material de protección, las pruebas defectuosas, las decisiones sobre las residencias, las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y las medidas que después se declararían parcialmente inconstitucionales. Contar esa historia no exige convertir cada error en una conspiración ni cada decisión en negligencia. Exige algo más sencillo y más difícil: negarse a borrar de la memoria todo aquello que contradiga un relato cómodo.

Porque la pandemia fue también una batalla por el relato mientras estaba ocurriendo. Gobiernos, partidos políticos, administraciones públicas, científicos, medios de comunicación y ciudadanos trataban todos de entender un acontecimiento que cambiaba semana a semana. La polarización política española encontró enseguida un nuevo terreno. Para unos, cualquier crítica a la gestión del Gobierno se convertía en un acto de irresponsabilidad en plena emergencia nacional. Para otros, cada decisión era prueba de incompetencia o de engaño. Entre esos extremos había una realidad mucho menos ordenada: decisiones acertadas y decisiones equivocadas, conocimiento que cambiaba, improvisación, profesionales trabajando al límite, administraciones que a veces cooperaban y a veces se enfrentaban, ciudadanos que cumplían las normas y ciudadanos que las desafiaban.

Y más allá de todas esas discusiones estaban los muertos. Son la medida que impide que esta historia se reduzca a un debate sobre política, estadística o gestión. Detrás de cada discrepancia entre dos series de cifras hay una pregunta sencilla: ¿a quién estamos contando y a quién estamos dejando fuera? Una persona que murió en una residencia sin haberse hecho una PCR no era menos real porque esa muerte no apareciera durante semanas en un determinado recuento oficial. Tampoco puede atribuirse automáticamente al virus todo exceso de mortalidad. El rigor exige aceptar ambas realidades. La dimensión humana y la precisión periodística no son opuestas. Se necesitan mutuamente.

Quizá por eso las fotografías de aquellos meses tienen una fuerza particular. Una calle vacía no necesita explicar el decreto que la vació para transmitir que estaba ocurriendo algo extraordinario. El rostro de un sanitario marcado por la mascarilla tras horas de trabajo contiene parte de la historia de los hospitales. Una persona mirando por una ventana habla del confinamiento. Un residente mayor aislado tras un cristal habla de las residencias. Un ataúd habla de algo que ninguna curva epidemiológica puede mostrar. Pero el trabajo documental tiene después que devolver el contexto a esas imágenes: explicar por qué esa calle estaba vacía, qué ocurría dentro de ese hospital, por qué morían tantas personas mayores y por qué toda una sociedad había terminado mirando el mundo desde una ventana.

Hubo una palabra que se usó constantemente durante aquellos meses: normalidad. Se hablaba de recuperar la normalidad, de una nueva normalidad, de avanzar hacia ella, como si la normalidad fuera un lugar físico al que la sociedad pudiera regresar. Quizá lo que ocurrió fue más sencillo. La vida fue ocupando poco a poco los espacios que había abandonado. Primero volvió un niño a la calle. Después llegó una terraza, una visita, una comida familiar, un viaje, un estadio, un concierto, un abrazo. Y casi sin darnos cuenta, dejamos de medir la distancia que nos separaba unos de otros.

Durante la pandemia aprendimos a alejarnos para protegernos. Aprendimos a hablar detrás de una mascarilla, a reconocer a nuestros vecinos desde un balcón, a despedirnos a través de una pantalla y a esperar noticias de alguien a quien no podíamos visitar. Aprendimos también que una sociedad tecnológicamente avanzada podía detenerse en cuestión de días por algo que no podía ver. Descubrimos que los hospitales podían quedarse sin espacio, que los médicos podían trabajar sin protección suficiente, que miles de personas mayores podían quedar aisladas dentro de las residencias y que hasta contar a los muertos podía convertirse en un problema político y estadístico. Después aprendimos a acercarnos de nuevo. Las calles recuperaron su ruido, los aeropuertos volvieron a llenarse, se abrieron las puertas, los balcones dejaron de ser lugares de encuentro y las mascarillas acabaron olvidadas en cajones y bolsillos hasta desaparecer de la vida cotidiana. Muchas de las viejas costumbres regresaron con una rapidez que durante el confinamiento habría parecido imposible.

Pero hubo un tiempo en que acercarse a alguien significaba ponerlo en riesgo. Un tiempo en que millones de personas permanecían dentro de sus casas mientras otras salían a la calle para mantener el país en marcha. Un tiempo en que los niños no podían abrazar a sus padres, los nietos miraban a sus abuelos a través de un cristal y demasiadas familias tuvieron que despedirse sin poder estar allí. Durante aquellos meses, la distancia tuvo un significado distinto y, por un tiempo, querer a alguien significó no tocarlo.