Macondo

El vasto territorio de Colombia está dividido por fronteras invisibles aunque muy reales, dando lugar a estados paralelos donde el Estado mismo apenas presente ha sido reemplazado por los diversos actores armados involucrados en el conflicto. Esto perpetúa profundas heridas, odios irreconciliables, verdades absolutas consideradas como incuestionables artículos de fe y, lo peor de todo, el secuestro de la memoria del conflicto por parte de las personas. “Si no hablas, no escribes y no cuentas lo que sucede a la gente, lo olvidas, y gradualmente queda enterrado por el miedo. Las personas que vieron el cadáver comienzan a olvidar y tienen miedo de hablar, así que durante años hemos tenido un pacto de silencio y nadie habla de todo eso […] Y dado que nadie habla de lo sucedido, no ha pasado nada. Entonces, si nada ha sucedido, sigamos viviendo como si todo fuera normal “. Testimonio de un habitante de Trujillo, Valle del Cauca, obtenido del informe “¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad “, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. A través de “Macondo” quise documentar las diferentes verdades que han estado encerradas en una amarga lucha durante más de sesenta años y que constituyen la base de del conflicto civil colombiano.

Colombia no es solo un país sino muchos, y todos comparten un mismo denominador común: la guerra. Todos los actores en el conflicto han forzado a la sociedad civil colombiana a vivir completamente ciega a las diversas verdades opuestas entre sí en la guerra. Esto hace que sea imposible superar el monólogo del miedo y la confrontación y entablar un diálogo de entendimiento que pueda llevar al país al perdón y la reconciliación.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el conflicto civil colombiano ha causado aproximadamente 220,000 muertos, 60,000 desaparecidos y más de 6,000,000 desplazados internos. De acuerdo con el informe de la CNMH “¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad“, de estas muertes, el 81.5% corresponde a civiles y el 18.5% a combatientes; en otras palabras, aproximadamente ocho de cada diez personas asesinadas han sido civiles.

NIÑEZ PERDIDA EN GUERRA

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 1999 y enero de 2015 se atendió a 5.708 menores pertenecientes a grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales. Según los datos del ICBF, las FARC-EP es la que recluta a más gente, alrededor del 60% de los niños afectados, seguidas por las AUC, con un 20%, el ELN, con un 15%, y Bacrim, con poco menos del 5%.

Civiles se convierten en objetivo

De acuerdo con documentos e informes de la CNMH y la plataforma “Verdad Abierta”, “durante la segunda mitad de la década de 1990 las FARC-EP declararon que cualquier tipo de representante político o militar del Estado era un objetivo militar. Los candidatos en las elecciones municipales y departamentales y los representantes de las autoridades civiles fueron amenazados y perseguidos. Del mismo modo, las zonas urbanas, en particular las alcaldías y las comisarías de policía, fueron atacadas con armas no convencionales, como cilindros de gas o coches bomba, que causaron la muerte de numerosos civiles y destruyeron infraestructuras. Después de tales ataques, la policía se retiró de muchas áreas y la guerrilla irregular y los ejércitos paramilitares aprovecharon la situación para hacer más vulnerable a la población civil”.

El 2 de mayo de 2002, según el proyecto Rutas del conflicto, “Guerrilleros del Bloque José María Córdoba de las FARC-EP se enfrentaron con paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas entre los centros municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá. Los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia y alrededor de las 11 a.m. las FARC-EP les lanzó un cilindro de gas lleno de metralla. Aterrizó en la iglesia, donde más de 300 personas se habían refugiado. El cilindro bomba entró por el tejado de la iglesia, golpeó el altar y explotó, causando una devastación total: el suelo e incluso las paredes fueron sembradas de cuerpos desmembrados o totalmente destrozados. La confrontación comenzó el 20 de abril y duró hasta el 7 de mayo. 98 personas murieron en la masacre, 79 víctimas directas en la explosión de la bomba del cilindro, 48 de ellos niños, otros 13 murieron en los eventos que ocurrieron antes y después del crimen cometido en la iglesia Bellavista, y 6 personas expuestas a la explosión de el cilindro murieron de cáncer en los siguientes 8 años ”

Se estima que en 2016 se produjeron 866 toneladas de cocaína en laboratorios clandestinos en todo el país, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En 2015, la estimación fue de 649. Los cultivos de coca cubrieron 146,000 hectáreas en 2016, un 52% más que las 96,000 de 2015. El mayor rendimiento de las plantas maduras significa que se puede producir más cocaína por hectárea plantada. Cultivar coca es una empresa familiar. Toda la familia está involucrada en cosechar las hojas y raspar los arbustos. Las familias generalmente llevan a cabo todo el proceso hasta extraer la pasta y de esta forma ganan mucho más dinero que únicamente raspando la hoja. El programa de sustitución es parte de un acuerdo de paz con las FARC-EPrebels, que renunció al narcotráfico como parte de su acuerdo de desmovilización. Durante gran parte de los 53 años de insurgencia armada, el grupo financió su lucha a través del narcotráfico. Los combatientes veteranos se han comprometido a trabajar con el gobierno para convencer a los agricultores a sustituir los cultivos de coca por otra forma de ganarse la vida.

Según el gobierno, ya se ha cumplido el 40% del objetivo de la erradicación forzosa y 86,000 familias, que representaban unas 76,000 hectáreas de coca, se han adherido al programa de sustitución de cultivos a cambio de subsidios de aproximadamente 11,000 dólares por agricultor en el transcurso de dos años.

Pero el acuerdo de sustitución de cultivos pactado con las FARC, anunciado antes de terminar el acuerdo final de paz el año pasado, proporcionó un incentivo perverso para que los agricultores cultiven coca sabiendo que más adelante recibirían subsidios. La producción de cocaína comenzó a aumentar en 2013, aumentando constantemente cada año desde entonces. En 2014, el gobierno colombiano puso fin a las fumigaciones aéreas por cuestiones de salud.

El 17 de julio de 2009 en la comunidad de Guayacana, en Nariño, María Pascual fue ejecutada junto con el resto de su familia. Estaba embarazada de siete meses. Ni sus hijos ni su embarazo despertaron ningún sentimiento de compasión en sus asesinos. La versión oficial de lo sucedido esa mañana es que un grupo de guerrilleros de las FARC-EP llegaron a su casa y la ejecutaron junto con su familia por ser “sapos” (informantes); sin embargo, sus vecinos mantienen que esto no fue lo que sucedió. Según varios miembros de la comunidad, varios hombres vestidos de negro llegaron a la casa con la ayuda de la policía y mataron a toda la familia.

El informe “¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad” de la CNMH señala que “Los asesinatos selectivos, las desapariciones forzosas, los secuestros y las masacres a pequeña escala han sido las formas predominantes de violencia del conflicto armado”.

La vida en esta región es extremadamente difícil. La presencia de las FARC-EP, y la de las fuerzas de seguridad y los paramilitares en los últimos años, colocó a la población civil bajo una tremenda presión de ambos grupos. El riesgo de ser considerado colaborador de un lado o del otro era una amenaza real, que podía obligar a las personas a huir de la región para salvar sus vidas.

Benjamín fue detenido en un puesto de control militar en su camino a Florencia por no tener el registro de servicio militar al día. Fue trasladado a una base militar el mismo día y obligado a saldar su deuda con el Estado.

Durante la guardia en un puente de la carretera entre San Vicente del Cagúan y Florencia, por la comunidad de Puerto Rico, Benjamín fue asesinado por el 15º Frente de las FARC-EP durante una emboscada.

Benjamín y su familia vivían en un territorio controlado por las FARC-EP, específicamente en un pueblo cerca de La Unión Peneya controlado por el 15º Frente del Bloque Sur. Tanto él como su familia tenían una estrecha relación de afinidad y colaboración con las FARC-EP. Este evento dejó su huella en la familia. La vida en esta región es extremadamente difícil.

Un crimen contra la humanidad

En Colombia, como nos recuerda el CNMH, “El desplazamiento forzado, un crimen contra la humanidad, es un fenómeno masivo, sistemático y de largo plazo vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos”. (12) “Los actores armados atacan a la población civil como parte de su estrategia para obligarlos a moverse o a ser leales y servir como proveedores de recursos. Para los actores armados, los civiles son una fuente de apoyo político, económico, moral y logístico. Si este apoyo es por voluntad o forzado es de poca importancia “.

Colombia es el segundo país con el mayor número de desplazados internos en el mundo: 6,5 millones. Sin embargo, las víctimas sufren la total impunidad que protege a los responsables de esta dramática situación. Hay muy pocas investigaciones y condenas de los perpetradores considerando las dimensiones de la tragedia. Según Verdad Abierta, “Las cicatrices producidas durante más de 50 años de conflicto armado y la lucha por la tierra se pueden ver a lo largo de todo el territorio de Colombia: en 1,114 ciudades se han registrado casos de desplazamiento forzado. Esto significa que en el 99% del país al menos una persona ha sido expulsada violentamente, según los datos consolidados en el Registro Único de Víctimas. Es una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y determinará el rumbo del país en las próximas décadas”.

El desplazamiento forzado, como señala Verdad Abierta, “No se puede atribuir solo al enfrentamiento entre los actores armados. Existen intereses económicos muy claros detrás del desplazamiento forzado. El impacto del narcotráfico ha sido muy importante. Como resultado, la población ha sido expulsada de la tierra, lo que se convirtió en un objetivo estratégico, promoviendo olas de migración de “clases emergentes de origen dudoso” y de “campesinos sin opciones económicas”. El desplazamiento forzado no fue declarado delito hasta el año 2000. Esto refleja la poca importancia que se concede a este trágico fenómeno dentro de la política pública. Durante años, el desplazamiento forzado fue tratado como un asunto marginal por parte del Estado y visto como un efecto colateral del conflicto “.

6.500.000 millones

Number of internally displaced persons in Colombia

De las 1.982 masacres documentadas por el CNMH entre 1980 y 2012, los grupos paramilitares perpetraron 1.166, o el 58,9% de ellas. Los grupos guerrilleros fueron responsables de 343 y las fuerzas de seguridad de 158, que ascendieron al 17,3% y 7,9% respectivamente. Además, 295 masacres, equivalentes al 14.8% del total, fueron perpetradas por grupos armados cuya identidad no pudo ser determinada. Las restantes 20 masacres fueron acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad o acciones llevadas a cabo por otros grupos armados. Esto muestra que de cada diez masacres, seis fueron perpetradas por grupos paramilitares, dos por la guerrilla y uno por miembros de las fuerzas de seguridad. Los actores armados ejercieron la mayor devastación en las masacres de tierra arrasada. La matanza masiva no fue suficiente. Atacaron el entorno físico y simbólico de las comunidades. Asaltaron a mujeres, ancianos, niños y líderes de las comunidades. Destruyeron casas, dañaron y robaron propiedades materiales de las víctimas y escenificaron su violencia con brutalidad y tortura. Fue un ejercicio sistemático de terror diseñado para generar una expulsión duradera.

De Marquetalia a la victoria

A fines de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970 hubo brotes de insurrección armada marxista en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Colombia no fue una excepción a esta tendencia mundial. En Colombia surgieron movimientos armados, como las FARC-EP en 1966, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964, el Ejército de Liberación Popular (EPL) en 1966 y el M19 en 1974.

En mayo de 1964, el ejército colombiano atacó el pueblo de Marquetalia en el departamento de Tolima. Según el gobierno, Marquetalia era un bastión de los campesinos comunistas armados que se habían revelado contra el Estado. El propósito de la operación Marquetalia fue restablecer el control estatal del territorio, y lo lograron. El líder de la resistencia campesina en Marquetalia era un guerrillero llamado Antonio Marín Marulanda, alias “Tirofijo”, que había luchado con los liberales durante la guerra. Marulanda y sus hombres lograron escapar del asedio del ejército en Marquetalia. Después de Marquetalia, Marulanda y el líder comunista Jacobo Arenas fundaron un grupo guerrillero llamado Bloque Sur, que en 1966 se convirtió en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC-EP.

Contrario a la afirmación de Amanda, hay declaraciones de guerrilleras desmovilizadas, así como informes de organizaciones como SISMA, ONU Mujeres y Ruta Pacífica, que dan testimonio de la existencia de violencia de género dentro de las filas de las FARC-EP. Incluso si esa violencia no se ha perpetrado en una escala masiva y sistemática, como en el caso de los paramilitares, estos informes y declaraciones no exoneran a las FARC-EP de toda responsabilidad.

Conversaciones de paz en la Habana

Entre febrero y agosto de 2012, el gobierno y la guerrilla llevaron a cabo una fase exploratoria de conversaciones de paz en La Habana (Cuba), que llevaron a negociaciones a gran escala y luego a un proceso de paz durante cuatro años que culminaron en acuerdos entre septiembre y noviembre de 2016

Luces y sombras.

El papel del ejército y la policía durante el conflicto interno en Colombia está lleno de altibajos que empañan la percepción de la población civil sobre la institución más antigua del país. Un ejemplo es el papel de los militares en la masacre de Mapiripán, uno de los episodios más vergonzosos en la historia del ejército, por el cual el Estado colombiano fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como señala Verdad Abierta. El Estado se defendió, alegando que los soldados no tenían control sobre las tropas paramilitares. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la responsabilidad del Estado en los hechos que ocurrieron en la masacre de Mapiripán fue clara y evidente.

Según la plataforma Rutas del conflicto, “El 12 de julio de 1997, cerca de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) llegaron a San José del Guaviare desde Urabá en Antioquia en dos aviones militares. Los ‘paras’ viajaron a través de ríos y caminos hasta el centro municipal de Mapiripán, donde llegaron el 14 de julio. En su recorrido a lo largo de varias calles y en el centro de la ciudad mataron a unas cincuenta personas”.

Durante una semana, los paramilitares sacaron a sus víctimas por la noche y las llevaron al matadero de la ciudad, donde las torturaron y asesinaron disparándoles o degollándoles. Varias personas fueron castradas y decapitadas; los ‘paras’ incluso jugaban al fútbol con la cabeza del agente de transporte aéreo de la ciudad y la mayoría de los cadáveres fueron desmembrados y arrojados al río Guaviare con piedras en el estómago para que sus familias nunca pudieran encontrarlos. El grupo armado abandonó la ciudad el domingo 20 de julio y las fuerzas de seguridad aparecieron el miércoles 23. La masacre fue ordenada por el clan Castaño, que ese año se había unido a los grupos paramilitares del Magdalena Medio y los Llanos Orientales para crear la AUCU. La masacre de Mapiripán fue parte de la estrategia de expansión de las fuerzas de autodefensa para restar el control de las guerrillas, especialmente en áreas clave para el tráfico de drogas.

La matanza provocó el desplazamiento de aproximadamente el 70% de los colonos. Los miembros de las Fuerzas de Autodefensa Campesina de Meta y Vichada, conocidos como los “Carranceros”, brindaron apoyo logístico. Además, los paramilitares del Casanare, liderados por Héctor Buitrago, llegaron a la ciudad unos días antes fingiendo ser guerrilleros y pidiendo ayuda a la gente para hacer una lista de presuntos colaboradores de los subversivos, que luego fueron asesinados. Las autoridades judiciales colombianas han documentado la participación de varios oficiales del ejército y altos comandantes de las fuerzas armadas.

Entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles a manos de brigadas del ejército fue una práctica común en todo el país, según el informe de Human Rights Watch titulado “Responsabilidad del mando por homicidios falsos positivos”. “Los soldados y oficiales ejecutaron falsos positivos bajo la presión de sus superiores para inflar las estadísticas de muertes en combate en la guerra contra la guerrilla”. El país conoció el escándalo de los falsos positivos en septiembre de 2008 cuando el asesinato de tropas de hombres jóvenes y adolescentes muchachos en Soacha, un suburbio de Bogotá fue reportado a la prensa nacional. La protesta fue tal que el gobierno tuvo que tomar medidas serias para frenar tales crímenes, incluido la destitución de tres generales del ejército.

Como señala Verdad Abierta, “Siete años después de conocerse la existencia de falsos positivos y despedir de las fuerzas armadas a 27 oficiales por permitir que sucedieran, solo seis coroneles han sido condenados y ningún general ha sido acusado. En varios casos, las familias han tenido que insistir durante cinco años para que los fiscales inicien una investigación y para que el juicio no quede en manos de los tribunales penales militares. La justicia ordinaria es demasiado lenta. Las familias denuncian demoras en las investigaciones, la incapacidad de los fiscales para imputar a los comandantes militares, una inquietante serie de amenazas contra víctimas y testigos y, en algunas regiones del país, la complicidad de funcionarios judiciales con los miembros de las fuerzas de seguridad acusados “.

Según el informe de Human Rights Watch “Command Responsibility for False Positive Killings”, (Responsabilidad de la Comandancia en los asesinatos de los falsos positivos) “La fiscalía nacional está investigando actualmente más de 3.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos al personal militar”. Y concluye que “hay evidencia sustancial de que los falsos positivos no fueron obra de unas pocas manzanas podridas, sino que fueron cometidos por la gran mayoría de las brigadas en varias regiones de Colombia durante varios años. Cuanto mayor es el número de homicidios y cuanto más parecen ajustarse a un patrón sistemático de ataque menos probable es que los superiores no supieran de ellos “.

La presión para dejar de buscar a los responsables de los falsos positivos es muy fuerte y se siente en muchos niveles. Un médico forense, que prefiere permanecer en el anonimato, en una entrevista para la revista española xlsemanal nos habla sobre las constantes amenazas y obstáculos a las que se enfrenta para poder llevar a cabo su trabajo cuando se trata de investigar falsos positivos. “Encontramos la mayoría de los obstáculos en el caso de los falsos positivos, y surgen cuando tenemos que exhumar una tumba comunal en un cementerio que supuestamente contiene los restos de excombatientes, generalmente guerrilleros muertos en combate. En una de las últimas exhumaciones encontramos varios cuerpos. Cuando los identificamos, todos ellos eran personas registradas como desaparecidas que nunca habían estado relacionadas de ninguna manera con la guerrilla. Tal como están las cosas, apenas hemos podido avanzar en la investigación y hemos recibido varias amenazas directas de los militares”.

La búsqueda de nuestro miembro de la familia desaparecido.

No existe una cifra específica para el número exacto de desapariciones debido al conflicto en Colombia. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas habla de 106,000 casos, la Unidad de Víctimas reclama 43,000, el Sistema de Información de Personas Desaparecidas pone el número en 22,261 y el Comité Internacional de la Cruz Roja remitió en enero de 2016, 79,000 desapariciones, según los registros del SIRDEC (Información Red del Sistema para Personas Desaparecidas y Cadáveres del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses).

Tomando como base el estudio de investigación de CNMH “Hasta que los encontremos: Dinámicas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia”, “Entre 1977 y 2015 se registraron en el país 60.630 casos de personas desaparecidas. En el 51.4% de los casos, los responsables son desconocidos. Del resto, el 46.1% corresponde a grupos paramilitares, el 19.9% a guerrilleros, el 8.8% a grupos post desmovilización, el 8% a agentes estatales y el 15.9% a grupos armados no identificados “.

A pesar de la magnitud de las estadísticas sobre desaparición forzada y su impacto devastador en el país, ha sido subestimada en los medios y apenas es reconocida por las autoridades competentes, debido a las características innatas de este método violento y las características particulares de el conflicto armado interno. La ocultación del delito y el escaso reconocimiento público se explican en mayor medida por varios aspectos: 1) este delito puede confundirse con otros métodos de violencia, como el secuestro y el homicidio; 2) su impacto social es mínimo, comparado con la cobertura espectacular o la alta visibilidad que los medios han dado a otras formas de violencia (secuestros, masacres, el asesinato de figuras públicas y actos de guerra); 3) informar de los hechos es difícil o imposible debido a la presión de los agentes armados, la participación de agentes del gobierno en dichos delitos y el tardío reconocimiento legal del mismo, que comenzó con la Ley 589 de 2000.

La desaparición forzosa, que el derecho internacional considera como un crimen de lesa humanidad en ciertas circunstancias, fue el acto violento más frecuente en un momento en que predominaban las estrategias de ocultamiento, aunque los autores no han dejado de usarlo como un mecanismo de terror.

Además de la incertidumbre sobre el paradero de las víctimas, los familiares de las mismas deben luchar para obtener el reconocimiento de los hechos, lidiar con el descrédito, las amenazas e incluso hacer frente a la indiferencia de las autoridades que consideran el delito como un asunto trivial.

Las organizaciones de derechos humanos y las familias de las personas desaparecidas informan que en un total de 5.016 casos, seis de cada 10 víctimas pertenecen a sectores vulnerables de la población, como activistas políticos y miembros de sindicatos. Esto confirma que un ataque sistemático contra la oposición política fue parte de las estrategias de la facción armada para ocultar sus actos.

La desaparición forzada se extendió por todo el territorio de Colombia a diferentes niveles; se registró al menos un caso en 787 municipios del país, que representan el 68,79% de su territorio. Entre estos, siete de cada diez casos tuvieron lugar en 140 municipios.